Castilla-La Mancha se sitúa a la vanguardia de las administraciones públicas al aprobar una instrucción sobre la inclusión de cláusulas sociales, de perspectiva de género y medioambientales en la contratación del sector público regional, con importantes novedades como la obligación de la empresa adjudicataria de no tributar en paraísos fiscales, de abonar los salarios recogidos en el convenio colectivo y de cumplir el principio de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
La instrucción sobre la inclusión de cláusulas sociales ha sido aprobada hoy por el Consejo de Gobierno y presentada por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha destacado que la misma supone establecer un criterio homogéneo y común para la aplicación de este tipo de cláusulas “en toda la contratación pública y en todos los aspectos que regulan el proceso de adjudicación y ejecución de los contratos públicos”.
