El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tramitará el próximo martes una petición oficial para que se reúna la comisión general de las Comunidades Autónomas del Senado y reclamar así los 353 millones de euros que el Estado ha dejado de financiar en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) de Castilla-La Mancha en el periodo 2012- 2015, según a adelantado el presidente regional, Emiliano García-Page.
Dicha reclamación se basa en que el Estado central dejó de aportar el llamado “nivel acordado”, pasando su aportación de un 30 por ciento aproximado en 2011, a un 18 por ciento en 2015, cuando debería financiar el gasto público a partes iguales con el Gobierno regional, tal como recoge el artículo 32 de la Ley de Dependencia.
Además, García-Page, se ha comprometido a aprobar durante el próximo año la Ley de Protección y Tutela Garantizada que dará cobertura legal a las personas con discapacidad de modo que, cuando falten sus padres y tutores, tengan derecho a reclamar la protección de la Comunidad Autónoma, tanto con recursos públicos como privados.
