El Gobierno regional centrará la segunda parte de la legislatura en profundizar en la recuperación social y económica de la región tras constatar, también con datos de organismos externos, que 2016 ha sido un año en el que se han empezado a ver los frutos de las políticas del Ejecutivo del presidente García-Page, con un crecimiento económico por encima de la media nacional, la reducción del desempleo y la recuperación y consolidación de derechos.
El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha explicado que precisamente con el objetivo de hacer un ejercicio de planificación de proyectos e iniciativas de cara a los próximos meses, el presidente regional reúne en Trillo (Guadalajara) a todo su equipo de Gobierno hasta el sábado.
El Gobierno regional está en pleno proceso de debate parlamentario de los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2017, los segundos del presidente García-Page, cuya aprobación es fundamental para continuar con medidas que abunden en la recuperación de derechos y la mejora de servicios.
Pero, tal y como ha explicado Martínez Guijarro, el Ejecutivo autonómico incluirá como elemento adicional la reforma del “entramado institucional” de nuestra Comunidad Autónoma, trabajando para ello en la elaboración de un nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, una nueva Ley del Gobierno y “la recuperación de órganos que formaban parte de dicho entramado”.
Así, el propio vicepresidente iniciará la próxima semana una ronda de contactos con representantes de todas las formaciones políticas de la región, con representación parlamentaria o sin ella, con el objetivo de avanzar en la elaboración del texto alternativo que se propondrá al Congreso de los Diputados, pues son las Cortes generales las competentes para aprobar esta Ley orgánica.
Martínez Guijarro ha insistido en que el objetivo del Gobierno regional es que la propuesta que salga de las Cortes de Castilla-La Mancha sea “tremendamente participativa”, por lo que además de las formaciones políticas también se recabará la opinión de los agentes económicos y sociales de la región.
Eso sí, para el Ejecutivo de García-Page es fundamental que la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que es la máxima norma legal que rige en nuestra Comunidad Autónoma, incluya la “máxima protección jurídica” de los derechos sociales. De esta forma se pretende que “ningún Gobierno vuelva a tener la tentación de cercenarlos”.
