miércoles, 24 julio 2024
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El Gobierno regional mediará para facilitar el cobro por las cláusulas suelo

CLAUSULAS-SUELO
Un momento de la firma del acuerdo.

El Gobierno regional ha suscrito hoy sendas adendas a los convenios de colaboración que mantiene con los colegios de notarios y registradores de la propiedad de Castilla-La Mancha desde noviembre de 2016 y que posibilitarán la apertura de una nueva línea en el Programa de Intermediación del Ejecutivo Autonómico para dar cobertura a las familias de Castilla-La Mancha en los procesos de devolución del dinero cobrado de más mediante las cláusulas suelo incluidas en ciertos contratos hipotecarios.

Según ha explicado la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, Castilla-La Mancha será la primera comunidad autónoma española que emprende una iniciativa “de mediación y asesoramiento” a los afectados por las cláusulas suelo.

Todo el proceso será además gratuito para los reclamantes, que sólo tendrían que abonar los gastos derivados de escrituración pública o gastos arancelarios a que pudiera dar lugar la conciliación, caso de resultar satisfactoria. La atención a los afectados se producirá a través de la red de las seis Oficinas de Intermediación (las OIH situadas en las cinco capitales de provincia y Talavera de la Reina) puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico.

Mediante las ampliaciones de los convenios firmadas hoy por el presidente castellano-manchego con los decanos de notarios, Luis Fernández-Bravo, y registradores, Fernando Acedo-Rico, ambos colegios adquieren el compromiso de asesorar a los consumidores afectados y de abrir procesos de conciliación con las entidades bancarias por los que se intentará evitar que tengan que acudir a la vía judicial para reclamar las cantidades pendientes de abono, lo que no sólo retrasaría el proceso de cobro, sino que significaría un importante menoscabo de la disponibilidad de los órganos judiciales de Castilla-La Mancha para impartir Justicia en otros ámbitos de su actividad ordinaria. Algunas organizaciones de defensa de los consumidores calculan en alrededor de 100.000 el número de familias afectadas en la región.

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