La portavoz de Bienestar Social del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Cortes Valentín, ha denunciado que la nueva Consejería encargada de la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas no tiene competencias ni presupuesto propio.
Según ha manifestado Valentín en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes regionales que se ha celebrado con objeto de informar de la actividad de la nueva Consejería, no tiene sentido que se cree este departamento, salvo el de recolocar más asesores y altos cargos de Podemos.
En concreto, la diputada autonómica del PP ha señalado que la nueva consejera viene a controlar partidas de Empleo, a pesar de que no tiene competencias para ello. En este punto, ha indicado que estas partidas solo se han ejecutado un diez por ciento en lo que va de año.
Asimismo, Valentín ha indicado que los Centros de la Mujer de Castilla-La Mancha “no deberían estar dentro del Plan de Garantías, sino que deberían estar dentro de las responsabilidad de la directora del Instituto de la Mujer”.
Además, la diputada del PP ha preguntado a la consejera qué competencias tiene en materia educativa y en materia de Vivienda. Sobre este segundo asunto, ha apuntado que Gicaman tiene un presupuesto de 6 millones de euros que no se han ejecutado este año.
Por otro lado, Valentín ha advertido de que “si la nueva consejera viene a controlar la gestión de otros consejeros, para eso ya estamos la oposición y no hace falta hacer una Consejería para ello”.
Privilegios
“Tenemos muchas dudas del papel que va a desempeñar esta Consejería, que no sirve para nada salvo para colocar a los miembros de Podemos”, ha asegurado Valentín, al tiempo que ha criticado que la consejera tiene dos despachos oficiales, uno en Toledo y otro en Talavera de la Reina, lo que supone un ejemplo de los privilegios que vienen buscando los miembros de la formación morada.
La diputada regional del PP ha exigido a la nueva consejera que controle el recorte de las cinco partidas presupuestarias de Bienestar social que controla su departamento, después de que tres de ellas se hayan reducido –las ayudas emergencia social, pobreza energética y ayudas a viudas y dependientes-, otra siga igual, y la última –el ingreso mínimo de solidaridad que pasó a renta mínima- sigue siendo igual que hace dos años, con el agravante de que en 2016 no se gastaron dos millones de euros de este ingreso, pese a que la tasa de ciudadanos en riesgo de exclusión social es de casi un 38 por ciento en la región.
