Una inversión de 42 millones de euros, 250.000 beneficiarios y 2.000 nuevas plazas residenciales. Son algunas de las grandes cifras que ha dado a conocer este viernes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y que corresponden al Plan de Infraestructuras Sociales que se desarrollará hasta 2020. Se espera que pueda ayudar también a generar más de 4.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.
El plan incluye poner en marcha, de forma progresiva, 122 infraestructuras sociales que, aunque ya quedaron terminadas, se quedaron sin abrir durante la pasada legislatura, entre los años 2011 y 2015, durante el Gobierno de Dolores de Cospedal.
“El plan se nos va a quedar corto e iremos avanzando en nuevos objetivos”, decía García-Page quien ha explicado su “especial empeño en que este proyecto fuera un plan porque parece elemental que el gran reto de la sociedad actual y la del mañana va a ser cómo resolvemos el éxito de una sociedad que ha conseguido que España sea el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida”.
Ha dicho que significa también “un acto de justicia, significa hacer que la política social, en este caso la inversión en infraestructuras, para vuelva al sitio de que no tenía que haber salido” y ha asegurado que aunque “pueda entender” que la llegada de la crisis “parase muchas cosas” por la falta de financiación, ha calificado de “retroceso moral y un abuso político” el hecho de “haber convertido a la infraestructura social, a los servicios sociales y a sus profesionales en los culpables de la crisis”.
También ha vinculado el plan al “aspecto social que tiene la Constitución” en el que el Ejecutivo regional hará especial hincapié en un año, este 2018, en el que la Carta Magna cumple 40 años.
