El Gobierno de Castilla-La Mancha presentará la próxima semana una iniciativa legislativa en las Cortes regionales con la finalidad de rechazar los planteamientos de continuidad del trasvase Tajo-Segura y, al mismo tiempo, priorizar el uso de las desalinizadoras ya construidas en el Levante, según ha avanzado el presidente del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, esta mañana en Tarancón.
El presidente regional ha expresado su deseo de contar con el apoyo “unánime” de todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento regional en este planteamiento “firme” que, ha adelantado, elevará al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. “Espero que todo el mundo se moje”, ha subrayado al respecto.
Además, ha reiterado su disposición a llegar a consensos en materia hídrica para conseguir que las desalinizadoras, “que tanto dinero han costado a los españoles”, se conviertan en “la gran solución a medio y largo plazo” para la escasez de agua en las regiones del Levante.
Las desalinizadoras que, tal y como ha recalcado García-Page, han costado casi 600 millones de euros, “están haciendo que hoy se beba y se mantenga la industria y el campo” en el Mediterráneo, lo que invita a pensar que, en un futuro, “progresivamente, cada vez sea menos necesario tener que quitar el agua a quien también lo necesita en el conjunto de España”.
En la misma línea, el presidente de Castilla-La Mancha ha adelantado que trasladará a los responsables del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente el rechazo del Gobierno regional a la “amenaza” de restricciones del cincuenta por ciento “para la población” que “pueden incluso afectar a la generación de empleo”. Sobre todo, ha incidido, después de “tantos trasvases irresponsables e ilegales” como los que se han realizado en la cabecera del Tajo.
