Si ya cuando se aprobó se clamó contra un presupuesto que no admitió ninguna de las alegaciones de los partidos políticos ni de la sociedad talaverana, la primera modificación que se ha visto obligada a efectuar el Gobierno Ramos ha recibido fuertes críticas por parte de la Oposición durante el Pleno ordinario de marzo.
Nadie de la bancada este del salón de plenos se explica cómo no se presupuestaron en su día los 785.000 euros que se sabía debían destinar para atender su cuota del Plan de Empleo Plus, que propiciará, a partir de “2 ó 3 de abril”, la entrada de 365 trabajadores, cuando ya en el mes de noviembre se anunció su adhesión al mismo.
Tampoco se ha entendido que ese dinero, que por mor de otras necesidades como pagar unos intereses de la expropiación de Ucota (105.000) o el alumbrado de Gamonal y El Casar (88.000), se eleva a 978.000 euros, se retraiga del Capítulo I de gastos en Personal, lo que implica, según se ha apuntado durante el debate, que no se sacará la Oferta de Empleo Público aprobada en noviembre de 2016, ni se mejorará la plantilla del Parque de Bomberos ni se contratarán profesores en la Escuela de Municipal Música.
Tanto el concejal no adscrito, Juan Pedro Ayuso, como los portavoces de los grupos municipales PSOE y Ganemos, José Gutiérrez y Sonsoles Arnao, han criticado que el Gobierno desprecie la creación de empleo público, lo deteriore sin cubrir bajas o vacaciones, privatice puestos como los de la Oficina de Turismo o la biblioteca Niveiro, y que las cuentas que presenta el concejal de Hacienda Arturo Castillo no cuadren ningún año entre las previsiones de ingresos y gastos y luego “presuma” de remanentes positivos de tesorería y superávit.
Aunque se le ha preguntado varias veces en las dos intervenciones que han gozado los portavoces, Castillo no ha dado respuesta a la ausencia de esas partidas que ahora, 71 días después, necesitan asignación presupuestaria ni por qué se retraen del Capitulo I y no por ejemplo del II, en el caso de alumbrado, como corresponde.
Lo que ha explicado el edil de Hacienda es que el dinero no podía sacarse de ese remanente positivo de tesorería de casi 7 millones de euros que arrojó el balance del año 2017 porque el Ayuntamiento estaba inmerso en un Plan de Viabilidad y hasta no tener estabilidad presupuestaria no puede hacerse por ley. Curiosamente el siguiente punto del orden del día de hoy era la aprobación de dicha estabilidad.
Asimismo Castillo ha recurrido a recordar nuevamente que cuando llegó al cargo se encontró un Ayuntamiento con un remanente negativo de 9 millones, que Montoro intervino las cuentas por los 4 millones de euros a los que hubo que hacer frente por la “mala” expropiación de la Plaza Juan de Herrera en época socialista y que ahora se paga a los proveedores en 7 días.