lunes, 29 abril 2024
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Casi 3.000 personas se beneficiarán del Plan Empleo de Zonas Rurales

José Julián Gregorio ha presidido la comisión.

El Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas de Castilla-La Mancha contará este año con 9,6 millones para dar empleo, en el último trimestre del año, a 2.715 personas de los casi 300 municipios, de las cinco provincias, que forman parte de este Plan.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha presidido la Comisión Regional del Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas, de la que forman parte sindicatos, organizaciones agrarias y las administraciones central y autonómica.

En la Comisión Regional se ha aprobado la distribución provincial de los créditos que el Gobierno de España destinará a subvencionar la contratación de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios en obras y servicios de interés general y social, en localidades de afectadas por el paro agrario en Castilla-La Mancha.

Por provincias, a Albacete le corresponderán 2,6 millones; a Ciudad Real, 3,8; a Cuenca 1,3; a Guadalajara 46.142 euros; y a Toledo 1,7 millones.

En el año 2017 la asignación presupuestaria fue de 9,5 millones, de los que fueron beneficiarias 286 localidades de Castilla-La Mancha.

Antes del 1 de octubre

Gregorio ha explicado que la previsión es que el comienzo de las obras sea antes del 1 de octubre para que concluyan antes de final de año, lo cual supondrá tres meses de trabajo para personas afectadas por el desempleo agrario.

Además, Gregorio ha avanzado que el Ministerio de Empleo va a crear un grupo de estudio para analizar la solicitud realizada por algunos municipios para incorporarse a estas zonas rurales deprimidas, que fueron definidas por el Gobierno central en el año 1997.

Del mismo modo, las organizaciones sindicales han propuesto que el Gobierno de Castilla-La Mancha también participe en estas ayudas, algo que Gregorio va a trasladar.

Los planes especiales de empleo para zonas rurales deprimidas fueron creados por el Gobierno de España para reducir los desequilibrios en las zonas rurales más desfavorecidas, impulsar el empleo agrario y eliminar desajustes comparativos.

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