El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Torrijos ha impuesto una fianza de 168.000 euros a los tres acusados de haber causado la muerte de 55 ejemplares de fauna en Gerindote en 2011, y ha decretado la celebración de juicio oral, tras seis años de instrucción.
La fianza tendrá que ser depositada por los tres acusados -el titular y los dos guardas del coto de Casa Nueva de Gerindote, según ha informado SEO/BirdLife, que ejerce la acusación popular en el procedimiento junto a WWF y a Ecologistas en Acción (EA).
Los tres procesados estaban al cargo de la labores de administración y gestión del aprovechamiento cinegético de los terrenos cuando se produjeron los hechos, por lo que objeto de la fianza es responder a la posible indemnización por los daños causados por los envenenamientos y el pago del valor de las especies de fauna que se vieron afectadas, como apunta SEO/BirdLife.
Para las tres organizaciones que ejercen la acusación popular “la imposición de esta fianza es importante en cuanto que reconocen el valor del daño producido por el uso ilegal de cebos envenenados y demuestra que colocar cebos envenenados en el medio natural tiene consecuencias económicas y legales para los autores».
55 ejemplares
Según ha recordado SEO/BirdLife, el procedimiento judicial se abrió después de que entre agosto y septiembre de 2011 fueron localizados en el coto privado de Casa Nueva, en el término municipal de Gerindote, al menos 55 ejemplares de animales envenenados.
Entre ellos se encontraban 23 milanos negros, cinco aguiluchos laguneros, sis milanos reales y un águila imperial ibérica, estas dos últimas especies catalogadas en peligro de extinción.
Los análisis posteriores de los animales confirmaron su muerte por efecto de dos potentes insecticidas que habían sido utilizados para la elaboración de los cebos.
Las labores de investigación de la Unidad de Investigación de Venenos (UNIVE) del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la región y el Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, permitieron localizar los animales envenenados y determinar la imputación del titular y los dos guardas como posibles autores de los hechos.
