La Sección Sindical de FeSP-UGT de la Diputación de Toledo han emitido un comunicado en el que muestran su “más rotundo rechazo a lo que consideramos un ataque injustificado por parte del partido de Ciudadanos en Castilla-La Mancha al proceso de oposiciones que se está desarrollando en la Institución provincial”.
En el escrito, señalan que “las dudas sin pruebas arrojadas por este partido a través de los medios de comunicación son un ataque brutal a todos los implicados en el proceso de oposiciones de la Diputación de Toledo, a los opositores, a los tribunales y a las fuerzas sindicales”. De momento, el Gobierno de la Diputación ya ha anunciado que judicializará el caso.
Por ello, sugieren a Ciudadanos que si “sabe o está convencido de que el proceso no es transparente, limpio e igualitario para todos los que participan lo que tienen que hacer es denunciarlo ante la justicia con datos y no abrir el ventilador ante la prensa ensuciando todo el proceso y desprestigiando a la Institución”.
“No podemos –prosiguen- aceptar como justificación de este vergonzoso proceder al momento de cercanía a las elecciones, porque no solo atacan al Gobierno que dirige la Diputación sino también a opositores, miembros de los tribunales y representantes sindicales”.
UGT entiende que con esas manifestaciones “atacan a los opositores que han aprobado los exámenes, sobre quienes arrojan la duda de haber sido premiados o favorecidos, cuando se han molestado en estudiar y asistir a cursos de formación durante mucho tiempo para llegar hasta donde han llegado. ¿Qué pasa con los opositores con esa vinculación política que han suspendido?”
Asimismo, “atacan a los funcionarios que forman parte de los tribunales de las oposiciones, que se han preparado y asumido las responsabilidades que ello implica, dedicándole tiempo y esfuerzo, y a quienes insultan sin justificación”.
Y, por último, apuntan igualñmente que “atacan a las fuerzas sindicales, a los tres sindicatos con representación en la Mesa General Negociadora Única, en la que firmamos unas bases que se están siguiendo a rajatabla”.
“La Constitución ampara a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país y no puede cuestionarse el derecho de cualquier persona a participar en un proceso de oposiciones públicas por el mero hecho de tener familiares políticos y ser políticos, obligándoles a cargar con la mochila de sus padres, de sus tíos, de sus hermanos o dedicarse a la política. La Constitución es para todos. Igualdad, mérito y capacidad son los principios que pactamos en la Mesa General Negociadora Única en este proceso y eso es lo que se está llevando a cabo”, concluye el comunicado.
