El secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, ha abogado este lunes por la necesidad de integrar a los trabajadores de la empresa pública de gestión ambiental Geacam en la Administración autonómica y que se rijan por los criterios de una consejería y no de una empresa.
García Molina, que se ha reunido en Toledo con delegados de los cuatro sindicatos con representación en Geacam (SIBF, USO, CCOO y UGT), ha justificado la propuesta por la situación “anómala” de los trabajadores y trabajadoras de Geacam que “están en una especie de limbo”, de forma que en algunos momentos tienen las obligaciones de cualquier trabajador público pero no tienen los mismos derechos que éstos.
“Es una situación de alguna manera incomprensible”, ha comentado García Molina, que ha criticado la situación de interinidad “cuasi permanente” en la que se encuentran, “cuando Europa ha dicho ya claramente que esa interinidad sostenida no puede ser, porque estaría casi contraviniendo la ley”.
Es partidario de que las funciones y competencias de los trabajadores “se gestionen directamente desde la Administración pública”, porque “todas las cuestiones que tienen que ver con prevención y extinción de incendios, pero también con la encomienda de infraestructuras y de su arreglo que se está dando son un servicio público, y por lo tanto las personas que lo llevan a cabo tienen que estar con las condiciones de cualquier otro trabajador público”.
Con ello se evitará la discrecionalidad en la prestación de ese servicio y se mejoraría, a juicio de García Molina, que ha defendido la necesidad “de profesionalizar en un sentido amplio los trabajos y los servicios que prestan los trabajadores de prevención y extinción de incendios”.
Se trata no solo de que tengan unas condiciones laborales dignas iguales a las de otros trabajadores públicos, sino a aspectos como la carrera profesional o la coordinación con otros cuerpos profesionales.
Ley de coordinación
En este sentido, ha planteado que sería necesario tener una ley de coordinación de todos estos cuerpos como agentes medioambientales o bomberos urbanos, que determine claramente las funciones y competencias de cada uno de ellos y los modos de coordinación y cooperación.
Ha reiterado su consideración de la “indefinición” de los trabajadores de Geacam “que para unas cuestiones son empleados públicos de pleno derecho, pero para otras se rigen por convenios de empresa, lo que no ocurre con otro personal público de la Administración regional”, por lo que “la lógica sería una absorción directa desde la Administración y que estos trabajadores se rijan por los criterios de una consejería y no de una empresa”.
Por su parte, la delegada del Sindicato Independiente de Bomberos Forestales (SIBF) ha explicado que los trabajadores de Geacam demandan que, como personal público, pasen directamente a la Administración autonómica, sin que haya una empresa intermediaria para poner en marcha el dispositivo de prevención y extinción de incendios.
“Nos sentimos fuera de lugar, unas veces somos personal perteneciente al dispositivo de prevención y extinción de incendios y otras veces se nos engloba como trabajadores de Geacam, que es la empresa que nos contrata”, ha apuntado Martínez.
En Geacam hay en torno a 3.000 trabajadores (en invierno unos 1.600 del dispositivo de incendios, más otros 500 en estructuras y asistencias técnicas) con distintos tipos de contratos: fijos, fijos discontinuos, eventuales e interinos, ha señalado Martínez, que se ha quejado “de la poca estabilidad que se nos da, cuando se contrata a un grueso del dispositivo puntualmente para los cuatro meses de verano”.
