La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha recalcado hoy en Talavera de la Reina “que hay un precepto legal dentro del Memorándum del Tajo, que aprobó el anterior Gobierno del PP a espaldas de los intereses de Castilla-La Mancha, que dice alto y claro que hay que priorizar el uso de la cuenca cedente y, por tanto, es algo obvio que si se están aplicando restricciones a los regantes del sistema Alberche, este precepto no se está garantizando”.
Así lo ha manifestado la consejera, a preguntas de los periodistas de forma previa a la cena anual de la Hermandad de San Isidro, donde ha confirmado que la Agencia del Agua, entidad dependiente de la Consejería de Fomento, recibió a mediados del mes de abril la comunicación de la restricción marcada para el regadío y abastecimiento en el sistema del Alberche.
En este sentido, ha detallado que las restricciones que recoge el Plan Especial de Sequía (PES) de la demarcación del Tajo se establecen de forma automática, en caso de alerta, estableciendo un 50 por ciento para el regadío del Canal Bajo del Alberche y de un 15 para el abastecimiento.
Restricciones injustas
Algo que, según Tita García, “no nos sorprende, pero no deja de ser injusto”, recordando que “ya en febrero de 2018 la Confederación aplicó una restricción total y prohibió regar, de ahí que se buscaran alternativas por parte del Gobierno regional”.
A este respecto, ha resaltado que “en su momento ya manifestamos nuestra oposición y recurrimos ese PES para los usuarios del Tajo porque entendimos que era injusto para nuestros regantes, por lo que no podíamos apoyar ese Plan aprobado por el anterior Gobierno que vendía los intereses de nuestros regantes”.
La consejera también ha incidido en que “estas restricciones no sólo afectan a los regantes del Alberche, sino también a muchos otros regantes que ven cómo se restringe los usos de los regantes del Alberche, al tiempo que una tubería se lleva el agua de nuestra región, a través de un trasvase injusto e ilegal”.
En este contexto, la consejera ha recordado que el Gobierno regional tiene una sentencia favorable del Tribunal Supremo “que estamos pidiendo que se aplique de manera automática, no sólo porque necesitamos que se implante el régimen de caudales ecológicos, sino también para garantizar el abastecimiento y el regadío para estos regantes”.