El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, y la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, han firmado un convenio de colaboración que tiene como objetivo desarrollar actividades de sensibilización e introducir nuevas mejoras en accesibilidad en la sede del Parlamento Autonómico, ubicado en el Convento de San Gil de Toledo.
“El objeto es hacer más accesibles todas las vías de comunicación y la propia infraestructura de las Cortes a todos los ciudadanos y ciudadanas”, explica Bellido, quien subraya su compromiso de que “no haya nadie que no pueda acceder física o virtualmente al órgano de representación de nuestra soberanía popular”.
Aunque la institución ya ha dado varios pasos en esta dirección, como la accesibilidad en la web o la interpretación en lenguaje de signos de los tres primeros plenos de este periodo de sesiones, el convenio profundiza en el empeño por “acabar con los obstáculos que impidan y dificulten una participación plena de toda la ciudadanía en la vida política de la región”. Más todavía cuando el actual presidente se ha marcado como un objetivo primordial “abrir todavía más a la ciudadanía las puertas de la casa de todos los vecinos y las vecinas de Castilla-La Mancha”.
Ejes de actuación
Para ello, la Consejería de Bienestar Social ha marcado el camino mediante el Plan Director de la Promoción de la Accesibilidad Universal que ha desarrollado y en el que se fijan algunos ejes de actuación, como que cualquier persona pueda acudir a las Cortes para realizar sus trámites y ejercer sus derechos “de la forma más autónoma y natural posible”. Para ello, se proponen actuaciones como la eliminación de barreras físicas y sensoriales; avanzar en lectura fácil de los formularios de trámites y folletos informativos e incorporar el lenguaje de signos y otros apoyos como el bucle magnético en la difusión de la actividad institucional que resulte de interés para las personas con estas necesidades específicas.
Siempre en estrecha colaboración entre el Parlamento y la Consejería, el convenio insta a “potenciar campañas de información y sensibilización de usuarias, agentes públicos, privados, entidades y asociaciones, así como la formación técnica necesaria”. Entre las iniciativas incluidas están los trabajos de formación e información dirigidos a diputados y diputadas y al personal de la casa, así como colaborar en la promoción y difusión de premios, reconocimientos, eventos, aniversarios u otros actos que sensibilicen en esta materia al conjunto de la población.
El convenio tiene una vigencia de dos años -prorrogables por otros tantos más- y establece la creación de una Comisión de Seguimiento para evaluar la colaboración y el resultado de las actividades impulsadas.
