El Gobierno de Castilla-La Mancha interpondrá un nuevo recurso contencioso administrativo contra la Orden del Ministerio de Transición Ecológica por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 20 hectómetros cúbicos para el mes de agosto de 2019.
La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha insistido en el posicionamiento claro que tiene Castilla-La Mancha en materia hídrica, y que se evidencia al comprobar que “hemos recurrido todos los trasvases desde la anterior legislatura, salvo los dos destinados a abastecimiento humano, con lo cual demostramos nuestra sensibilidad y solidaridad”.
Eso sí, entiende que no se puede admitir bajo ningún concepto que, viendo el estado de emergencia de los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía, “se derive agua para los cultivos de regadío del Levante que no tiene fin y que provoca desastres como el que hemos visto en el mar Menor”.
“Que haya agua para beber”
Fernández se ha reafirmado al manifestar que “cualquier persona con sentido común entiende que lo que debe primar es que haya agua para beber”; una circunstancia que ni siquiera está garantizada en épocas concretas del año en múltiples zonas de Castilla-La Mancha, además de reducir las posibilidades de progreso y desarrollo socio económico de los pueblos y ciudades de la región y de sufrir “un caudal ecológico del río Tajo lamentable”.
Tanto, ha continuado, que ha sido advertido por los tribunales europeos y por el Tribunal Supremo, que sentenció en marzo de 2019 que es necesario implementar un régimen de caudales ecológicos.
Por todo ello, la portavoz ha manifestado su deseo de que Castilla-La Mancha alcance un posicionamiento común en la primera reunión de la Mesa Regional del Agua, un foro participativo en el que “por responsabilidad y en la defensa de los intereses de nuestra tierra, deberíamos acordar una voz unánime”.
