El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado que este martes va a dar autorización a los servicios jurídicos de la Junta para que procedan a presentar los recursos jurídicos “que haya lugar” contra la decisión del Gobierno central de no pagar a las comunidades autónomas las liquidaciones del IVA que les corresponden.
Así lo ha manifestado García-Page en su intervención durante la presentación de unas lanzaderas de empleo, donde ha deseado, no obstante, que “ojalá en el curso de la discusión jurídica a la que nos vemos obligados pudiera haber entendimiento” y que además sea con todas las comunidades autónomas.
“Mientras llegue el dinero, bien, pero me molestaría que acabara pagándose el IVA a las comunidades autónomas porque lo pida un diputado de alguna parte de España o porque se le ocurra a los independentistas”, ha dicho el presidente castellano-manchego, para quien “esto no tiene vuelta de hoja, independientemente de que siempre se pueden buscar triquiñuelas jurídicas para escaparse de las responsabilidades”.
García-Page ha manifestado que se debe a los intereses de Castilla-La Mancha por encima de los intereses de partido y eso “lo tiene que entender todo el mundo”, ha apuntado.
“Causas pendientes”
Ha lamentado que hay “muchas causas pendientes y mucho dinero que está todavía por aclararse, más de mil millones en el conjunto, al menos en la relación con Castilla-La Mancha, en este retraso patológico que tiene la financiación autonómica en España”.
Ha insistido en que hay que cumplir la ley y “de la misma manera que exigimos que la cumplan los independentistas, se tiene que cumplir por todos los lados”.
Para García-Page, la financiación de los servicios públicos esenciales que prestan las autonomías “lleva en lista de espera una barbaridad, somos la principal víctima de la inestabilidad política”.
Ha dicho que igual que él no puede dejar de pagar una nomina de un mes, no se puede dejar de liquidar los impuestos de un mes, que es lo que está pasando por el IVA, ha recordado, ya que en 2017 las comunidades autónomas solo recaudaron once meses de IVA, de enero a noviembre.
