Los sindicatos CCOO y UGT de Castilla-La Mancha quieren que el próximo día 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, sea una jornada de homenaje a las víctimas del coronavirus, pero también para los trabajadores de los servicios esenciales, “que ha demostrado la importancia de la clase trabajadora para garantizar el funcionamiento de la sociedad”.
Ambos sindicatos entienden que la pandemia generada por la covid-19 ha evidenciado la asociación indisoluble de la salud laboral y la salud pública, así como la debilidad de la prevención de riesgos laborales en España.
Por ello consideran que tras esta crisis sanitaria la salud y la seguridad de las personas trabajadoras debe convertirse en un eje central en las relaciones laborales y en las políticas económicas.
Cada 28 de abril UGT y CCOO recuerdan a los trabajadores que sufren accidentes y enfermedades laborales, una jornada en la que aprovechan para denunciar las condiciones de trabajo que están en el origen de esta lacra social y proponer cambios en la normativa.
Así, remarcan, “este 28 de abril no puede ser como el de otros años, pues nos enfrentamos a una crisis sanitaria mundial, como no se recordaba desde hace más de un siglo, que ha llevado a los sistemas sanitarios más allá de sus límites, ha paralizado gran parte de la actividad económica y, lo que es más grave y doloroso, se ha llevado varios miles de vidas en Castilla-La Mancha y decenas de miles solo en España”.
Lo que ha destapado el coronavirus
CCOO y UGT han lamentado que los contagios en el ámbito laboral y en los desplazamientos vinculados son “importantes vectores de propagación del virus” y han alertado de la “contradicción” del mantenimiento de un sistema económico que prima la obtención de beneficios empresariales frente a la salud de los trabajadores.
Han agregado que tras la recesión de 2008 se impusieron políticas de austeridad y recortes que “diezmaban servicios públicos que ahora se revelan imprescindibles, como la sanidad” y han denunciado que, paralelamente, se ha producido una reducción de inversiones en prevención de riesgos laborales en las empresas y de financiación de políticas públicas activas en materia preventiva.
Los sindicatos han afirmado que es necesario “un cambio de paradigma” para que la salud y la seguridad de las personas trabajadoras se convierta en “la prioridad inexcusable y en el eje sobre el que pivote todo el sistema” y ha apelado a la capacidad de movilización del conjunto de los trabajadores.
También han demandado una mayor coordinación entre los departamentos de sanidad y de trabajo, tanto en la Administración General del Estado, como en las comunidades autónomas, al tiempo que han afirmado que la escasez de inspectores de trabajo ha dificultado sobremanera la atención a las denuncias presentadas.
A su parecer, “a esto se añade otro obstáculo: el criterio seguido por el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ha renunciado a paralizar actividades por riesgo grave e inminente de contagio ante el coronavirus o a proponer sanciones en una mayoría de situaciones”.
“Barreras” a pesar de las cuales, han apuntado, seguirán trabajando para afrontar esta crisis sanitaria, defender a la clase trabajadora y exigir el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.