La portavoz municipal de Talavera, Flora Bellón, se ha referido al auto del Tribunal Supremo sobre los planes de empleo, definiéndolo como “sentencia millonaria que pagaremos todos los talaveranos, debido a las gestiones del anterior Gobierno en los planes de empleo”.
En este sentido, ha sostenido que “alguien del PP debería asumir responsabilidades en esta cuestión, por la que ahora nos vemos con una ciudad hipotecada”.
Así lo ha mantenido durante la rueda de prensa sobre los asuntos tratados en la Junta de Gobierno de Local, que incluían nueve puntos referentes a la toma de conocimiento de diferentes demandas que han seguido llegando al Ayuntamiento.
En ellas, los trabajadores de los planes de empleo reclaman las cantidades correspondientes a las diferencias salariales de diferentes ediciones de estos planes, 2016, 2017 o 2018.
Es decir, según Bellón, un “cúmulo de demandas que en la Junta de Gobierno se están abordando para aprobar la personación en el expediente judicial, remitirlo al juzgado y seguir trabajando en cómo vamos a afrontar esta problemática que tenemos y que ha dejado en herencia el anterior Gobierno”.
Sentencia Tribunal Supremo
En este punto, la portavoz ha recordado que recientemente el Tribunal Supremo dictaba un auto por el que se inadmite el recurso de casación del Ayuntamiento, lo que se traduce en que toman firmeza las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y el Juzgado de lo Social.
Todo ello, relacionado con el conflicto colectivo que en su momento interpuso CCOO y que “habrá que ir afrontando en cuanto llegue esa firmeza; por un lado, la cuantificación de las cantidades que corresponden al conflicto colectivo y, en segundo lugar, la repercusión a todos los planes de empleo posteriores a este conflicto de la convocatoria que se hizo en octubre de 2015”.
Hipoteca y mazazo económico
En este sentido, Flora Bellón ha explicado que, con posterioridad, salieron otras convocatorias, la de 2016, 2017, 2018 y la de zonas rurales deprimidas, que son las que ahora hay que cuantificar y afrontar.
Como una “hipoteca y mazazo económico”, ha definido la portavoz la repercusión de este auto para toda la ciudad.
Bellón ha manifestado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento, desde Intervención y Tesorería, están estudiando ahora cómo se va a poder hacer frente a las cuantías derivadas de esta sentencia millonaria, un hecho a lo que se suma el hándicap del remanente negativo de tesorería, de 4,6 millones de euros, que también hay que gestionar.
A todo esto, también hay que añadir una “previsible bajada de ingresos” en la ciudad, como consecuencia del parón económico que a nivel general se ha producido en la ciudad, la provincia, la región y el país.
El auto del Supremo se refiere al caso de 555 trabajadores implicados en ese conflicto colectivo, aunque la cuantificación global de todos los demás planes de empleo lleva a una cifra de en torno a los 14 millones de euros, que todavía está por concretar.
Serrano se defiende atacando
En relación a las declaraciones sobre este asunto del portavoz del PP en la ciudad, Santiago Serrano, Bellón ha manifestado que “seguimos muy sorprendidos y perplejos, ya que lejos de asumir su responsabilidad en este asunto, pretende defenderse atacando a la Junta de Comunidades, cuando esas convocatorias del Gobierno regional fueron generales para toda la región y que lo que hacían era encomendar a cada Ayuntamiento el desarrollo de sus planes”.
En este sentido, ha detallado que eran los Consistorios los que tenían que hacer las bases para acceder a los Planes de Empleo, establecer las condiciones de trabajo, hacer los contratos y gestionar las nóminas.
“Estas partes no correspondían a la Junta, sino al Ayuntamiento, que, en este caso, actuó con desidia, falta de compromiso, desorganización y con un proyecto sin autonomía ni sustantividad propia”, ha criticado la portavoz municipal.
Del mismo modo, ha lamentado que el Partido Popular de Jaime Ramos y Santiago Serrano actuara “sin querer oír ni las advertencias de los sindicatos que estaban reclamando contra estas irregularidades, ni tampoco las recomendaciones de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo que, ya en 2018, puso por escrito que lo que había que pagar era el Salario Mínimo Interprofesional, a no ser que en el convenio colectivo se hubieran contemplado cuantías superiores”.
Este tema quedó “meridianamente claro por parte de la Junta al Ayuntamiento, que no quiso oír ningún tipo de cuestión”, ha concluido Bellón.
