Castilla-La Mancha tarda un año en evaluar el grado de discapacidad, más que la media española que se sitúa en 10,4 meses, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que ha denunciado el retraso generalizado que hay en España para estas valoraciones.
El Cermi advierte de que estos retrasos generan malestar en las personas con discapacidad y sus familias, que han de soportar “dilaciones indebidas” para un trámite que es fundamental para poder acceder a diferentes apoyos y servicios.
El Cermi ha recabado esta información a través de sus 19 sucursales autonómicas, presentes en todas las comunidades y ciudades autónomas, aunque indica que en La Rioja no se ha podido conseguir la cifra.
De la recopilación de estos datos se desprende que el tiempo medio de espera desde que se solicita la valoración del grado de discapacidad hasta que tiene lugar la resolución del proceso se sitúa en el entorno de los 10,4 meses, aunque en ocho comunidades este tiempo llega o supera el año.
Así, Canarias, con dos años, se sitúa a la cabeza, seguida de los 18 meses de Andalucía, Asturias y Comunidad Valenciana. Mientras, la Región de Murcia se sitúa en 15 meses, por delante de Baleares, Galicia y Castilla-La Mancha, que registran un tiempo medio de espera de un año.
Las demás comunidades
En el extremo opuesto, por debajo de un semestre, se encuentran, por este orden, Melilla (dos meses); Castilla y León (tres meses); Ceuta (3,5 meses), y Euskadi y Navarra, con cuatro y seis meses, respectivamente.
Por su parte, en Extremadura el período medio de espera es de nueve meses, aunque con importantes diferencias entre provincias, ya que en Cáceres es de seis y en Badajoz de 12.
Este mismo escenario se da en Aragón, cuya media es de 7,6 meses, pero existen diferencias muy elevadas entre los 13 meses de Zaragoza, los ocho de Huesca y los dos de Teruel.
En el resto del territorio, Cantabria registra una espera media de siete meses, Cataluña de 8,5 y la Comunidad de Madrid de 8,3 meses -si bien esta región desagrega el dato sobre atención temprana (menores de cero a seis años), que se sitúa en 3,4 meses-.
El Cermi ha remitido estos datos al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) para que este organismo conozca la realidad y promueva medidas que acorten los tiempos y hagan de la administración social “una estructura ágil y próxima a las necesidades y expectativas de las personas con discapacidad y sus familias”.
