El Consejo de Ministros acordó el pasado martes el nombramiento de la talaverana María Luisa Araújo como nueva directora de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, órgano supervisor de los contratos públicos, puesto que se encontraba vacante desde la dimisión de la primera directora de la oficina, María José Santiago.
Araújo vuelve así a las altas responsabilidades administrativas tras ser nombrada consejera de Economía y Hacienda en el año 2000, en el Ejecutivo regional de José Bono, ocupando ese cargo hasta 2011 y siendo también vicepresidenta de Castilla-La Mancha con José María Barreda desde 2007 y hasta 2011.
Tras la llegada, ese año, de la popular María Dolores de Cospedal al gobierno castellano-manchego, fue nombrada secretaria general del Instituto de Turismo de España (Turespaña), en el Ministerio de Industria.
La alta funcionaria talaverana, que en 2014 se casó con otro exconsejero de Barreda (Julián Sánchez Pingarrón, ex titular de Fomento), fue posteriormente coordinadora en el Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia y, desde 2018, asesora ejecutiva en la Dirección General de la Policía, en el Ministerio del Interior.
Amplia experiencia administrativa
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciada en Derecho por la UNED, María Luisa Araújo es funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración de Castilla-La Mancha desde 1990.
Tal y como recoge la referencia del Consejo de Ministros, “trabajó durante diez años en la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde ocupó diferentes destinos hasta llegar a ser Interventora General entre 1997 y 2000”.
Asimismo, “ha participado en diferentes órganos colegiados de la Administración del Estado, siendo representante del Ministerio de Justicia en la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones del Plan Nacional de Drogas y en la Junta de Inversiones Exteriores”, actuando como ponentes en varias ediciones del curso de ‘Administración Electrónica: novedades. Leyes 39 y 40 de 2015’, organizado por el Ministerio de Justicia en colaboración con el INAP.
Falta de recursos
Araújo llega a su nuevo cargo en un momento en el que la contratación pública puede jugar un papel importante para la reactivación económica tras la catástrofe de la pandemia, gracias a los fondos europeos.
Su cargo también conlleva la presidencia de la Oficina Nacional de Evaluación, que debería encargarse de analizar la sostenibilidad financiera de las concesiones de obras y servicios del Estado, corporaciones locales y comunidades autónomas, pero que se mantiene inactiva por falta de recursos.
