El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes dos nuevos decretos y una convocatoria de ayudas por un valor total de más de 210 millones de euros, para seguir dando respuesta ante la crisis del coronavirus a las empresas, autónomos, personas que han perdido su empleo y al sector de la economía social.
En una rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que estos 210 millones se suman a los más de 270 millones que el Ejecutivo autonómico ha puesto sobre la mesa en el marco del Plan de Medidas suscrito en mayo de 2020.
También se suman a los 102 millones para los planes de empleo que se encuentran en tramitación, por lo que todo en su conjunto alcanza los 580 millones dedicados a la recuperación económica y social en la región, ha puntualizado Franco.
La titular regional de Economía ha destacado el decreto aprobado que regula la concesión de ayudas directas a empresas y autónomos afectados por la pandemia, con un montante de 206,34 millones de euros, con el que el Gobierno regional pretende no tener que esperar a la tramitación del Real Decreto nacional y poner en marcha ya esta línea de ayudas “muy ambiciosa”, ha recalcado.
En este sentido, ha subrayado que Castilla-La Mancha es la región que ha incorporado más sectores a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) para que puedan ser beneficiarios de estas ayudas, en concreto 300 adicionales a los 95 que establece el Estado.
De esta forma, multiplica por cuatro el número de actividades y da cabida a sectores como el calzado, el vino, las peluquerías y centros de estética, el turismo, el comercio o las actividades culturales, de ocio y deportivas, ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo.
En concreto, las empresas o profesionales que decidan aplicar el régimen de estimación objetiva tendrán ayudas de hasta 3.000 euros y el resto de empresas desde 4.000 a 200.000 euros, en función del tamaño, de modo que en empresas de hasta 10 trabajadores las ayudas cubrirán el 40 % de las pérdidas declaradas, y en empresas de más de 10 trabajadores cubrirán hasta el 20 % de las pérdidas.
Las ayudas son finalistas de manera anticipada y podrán destinarse tanto al pago de deudas como al pago a proveedores devengados entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, así como a costes fijos como salarios pendientes de pago o deudas financieras tanto con aval público como sin él.
También contemplan obligaciones para los beneficiarios, como que no podrán repartir dividendos en las empresas ni este año ni el próximo, que deben mantener viva la actividad hasta el 30 junio de 2022 y que no pueden aprobar incrementos en retribuciones a la alta dirección durante los próximos años.
Franco ha precisado que el decreto se publicará “en los próximos días” y desde entonces empezará a contar un mes para la presentación de solicitudes y que el Gobierno regional estima que puede alcanzar las 50.000 empresas y autónomos.
Los que no han podido recuperar su trabajo
Por otra parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha informado de la aprobación de otro decreto, dotado de 3,5 millones de euros, dedicado a los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que no han podido recuperar su puesto de trabajo, que podrán acceder a ayudas para complementar sus subsidios o prestaciones por desempleo que sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o contar con una ayuda después de quedarse sin ingresos.
A este decreto podrán concurrir personas con el contrato extinguido en los seis meses siguientes a la finalización del ERTE y con contratos al menos de un año, con la misma empresa con actividad en Castilla-La Mancha.
Por los datos del mes de abril, ha indicado Franco, se estima que hay 9.267 personas en esta situación, el 78 % de las cuales tiene acceso a una prestación contributiva en la actualidad y el 50 % está por debajo del SMI.
La ayuda será un pago único de 300 euros para los beneficiarios sin hijos y de 400 euros para los que tenga uno o más hijos.
Por otro lado, en relación a la nueva convocatoria aprobada por el Consejo de Gobierno, cuyo plazo de solicitud estará abierto hasta el 15 de noviembre, Franco ha especificado que está destinada al sector de la economía social y se trata de ayudas a cooperativas y sociedades laborales para la incorporación de socios con 10.000 euros por cada nueva incorporación, cuantía que se incrementará en un 20 % si el nuevo socio es una persona con discapacidad o una mujer.
