Castilla-La Mancha creará una red de entidades locales de prevención de la violencia machista y elaborará un código ético en materia de igualdad y violencia de género dirigido a altos cargos y trabajadores de las administraciones.
Estas son las dos novedades que incorpora el convenio de colaboración en materia de prevención de la violencia de género que este viernes han renovado el Gobierno regional y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Castilla-La Mancha para 2022, en un acto presidido por la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, en el Palacio de Fuensalida en Toledo.
Tras la rúbrica, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha destacado la novedad desde el punto de vista cuantitativo que tiene este convenio para el próximo año, con un incremento del 33 por ciento, ya que pasa de los 150.000 euros en 2019 a 200.000 euros para 2022, procedentes del Pacto de Estado contra la violencia de género.
Este aumento presupuestario permitirá llevar a cabo el código ético destinado a cargos electos, policía local y asociaciones que trabajan con las mujeres víctimas de violencia de género de la mano de los ayuntamientos, y realizar un estudio de viabilidad para la implantación y desarrollo de la red de entidades locales de prevención de violencia de género; y a ambas iniciativas se podrán adherir los ayuntamientos que hayan recibido formación de manera previa.
Asimismo, Ruiz Molina ha especificado que el convenio firmado por la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa con la FEMP mantiene dos objetivos del rubricado en 2019 como son la formación y el asesoramiento a las entidades locales y, en este sentido, ha destacado los “resultados espectaculares” obtenidos en este ámbito con 54 cursos impartidos, más de 500 horas lectivas y 1.288 participantes.
La Consejería de Hacienda
El consejero de Hacienda ha reivindicado que su departamento no se dedica “exclusivamente al dinero” sino que también realiza actividades que redundan en la política trasversal del Ejecutivo autonómico en la lucha contra la violencia de género.
En este punto, ha nombrado iniciativas como la creación de la Comisión de Igualdad en 2016, el II Plan Concilia en 2018, el acuerdo de movilidad interadministrativa para empleadas públicas víctimas de violencia machista, el protocolo contra el acoso sexual en el trabajo, el II Plan de igualdad de oportunidades para funcionarios, más de 50 cursos de formación en seis años con más de 1.500 participantes y las 12.000 llamadas recibidas en el 112 relacionadas con este asunto.
Por su parte, la presidenta regional de la FEMP, Tita García, ha subrayado que este tipo de convenios son “de los que ayudan a la ciudadanía de forma directa” y contribuyen a cumplir el compromiso de hacer que los municipios de Castilla-La Mancha sean “libres de violencia de género”, de manera que se pueda llegar a todos los rincones y “atajar y erradicar” la violencia machista “desde todas las vertientes posibles”.
García ha considerado un “acierto” que el Gobierno regional destine fondos para que los ayuntamientos puedan dotarse de los instrumentos necesarios para formar a su personal y poder asesorar a las mujeres que llaman a esta primera puerta de atención, al tiempo que ha hecho hincapié en la importancia para el medio rural ya que no todos los pueblos cuentan con centro de la mujer pero sí con ayuntamiento.
De su lado, la consejera de Igualdad ha valorado la reedición de este convenio para continuar con el trabajo de formación, sensibilización y especialización de las entidades locales al menos durante un año más, y se ha comprometido a mantener este acuerdo siempre que haya fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
