jueves, 21 noviembre 2024
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La Junta acomete diez inspecciones en el transporte escolar de la provincia Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado en la provincia de Toledo, desde comienzos de este curso, diez inspecciones para comprobar el cumplimiento de la normativa de seguridad del transporte público escolar.

En total, el Gobierno regional tiene programadas para este curso escolar 2021-2022 treinta inspecciones, que son de más que el curso pasado, según ha dicho el delegado provincial de Fomento en Toledo, Jorge Moreno, quien ha subrayado que con esta labor se da “tranquilidad” a las familias.

Ha asegurado que “el Gobierno se toma muy en serio que el transporte escolar cumpla a rajatabla con las autorizaciones y las medidas pertinentes para que tengan la máxima seguridad a la hora de prestar un servicio público tan importante”.

En las inspecciones, los técnicos exigen expresamente que los vehículos dispongan de los elementos de seguridad mínimos como los cinturones, persona adulta acompañante, martillo de rotura de lunas, botiquín, suelos antideslizantes, una plaza por escolar y que el vehículo no tenga más de 16 años de antigüedad, entre otras.

Comprobaciones

Además, comprueban que se tiene la ITV y los seguros del vehículo en vigor, y se dispone de la autorización expresa de transporte especial de escolares otorgada por la Delegación Provincial de Fomento y el conductor tiene los permisos de conducir, con el correspondiente título de capacitación CAP visado por Fomento.

En Castilla-La Mancha hay 367 rutas escolares este curso que dan servicio a 11.539 estudiantes, de las que 49 rutas son de Educación Especial, 238 de Educación Secundaria, 45 de Infantil y Primaria y 35 son rutas mixtas. Las rutas están acompañas por 121 responsables mayores de edad.

Por su parte, el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes en Toledo, José Gutiérrez, ha indicado que además de las cuestiones relativas a la seguridad del transporte escolar, se siguen manteniendo las medidas higiénico-sanitarias que se establecieron a consecuencia de la pandemia para “garantizar la salud del alumnado y del resto de la comunidad educativa”.

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