Alrededor de 250 trabajadores del Transporte Sanitario de las cinco provincias de CLM se han manifestado este jueves en Toledo para exigir al Gobierno las inversiones comprometidas -25 millones de euros- para “revertir los destrozos provocados en el sector por Cospedal y poder ofrecer un servicio de calidad con empleo digno”.
Los sindicatos convocantes, CCOO, USO y SIBF -que suman la mayoría de la representación del sector- denuncian que las empresas adjudicatarias del Transporte Sanitario (SSG en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, Ambulancias Finisterre en Toledo y la UTE Ambulancias Cuenca en esta provincia) incumplen de forma permanente tanto el pliego de condiciones que regula la prestación del servicio como Convenio Colectivo de aplicación en el sector.
Ante esta situación, los sindicatos han instado al Gobierno regional a asumir la gestión directa del servicio, “para garantizar su calidad y su prestación en condiciones laborales dignas, porque las empresas concesionarias vienen a hacer negocio a costa de los derechos de los trabajadores y de los usuarios del servicio público del transporte sanitario de la región.”
Los sindicatos han pedido al Gobierno que valore esta propuesta y han garantizado que colaborarán “en todo lo que sea necesario” para que el servicio de transporte sanitario de Castilla-La Mancha sea gestionado de manera directa por la Junta.
Los sindicatos subrayan además que los incumplimientos patronales se deben sobre todo a que las contratas fueron adjudicadas por un precio insuficiente, y exigen al Gobierno que destine al sector los 25 millones que se ahorró con las rebajas ofertadas por las empresas sobre el precio de licitación.
Compromiso del consejero
Los sindicatos recuerdan que el consejero de Sanidad se comprometió a ello en abril del año pasado, antes de adjudicar las contratas, porque “sabía y sabe que ese dinero es imprescindible para revertir todos los destrozos causados en el servicio del Transporte Sanitario por el Gobierno Cospedal, destrozos respaldados y agravados por el convenio colectivo firmado en solitario por la UGT con la patronal”, que propició alrededor de 200 despidos y permitió recortes salariales del entorno del 16%.
Este convenio, algunos de cuyos aspectos más perniciosos para los trabajadores han sido anulados por los tribunales, caducó en 2013 y está en ultraactividad desde entonces. El pasado mes de mayo se logró al fin abrir la negociación del IV Convenio, pero la patronal abandonó la mesa la semana pasada al conocer la convocatoria de la manifestación de hoy.
Los sindicatos han exigido a la Patronal que vuelva a sentarse a negociar y han iniciado los trámites para convocar una huelga en el sector, tanto para reclamar a las empresas que cumplan los mandatos judiciales sobre los contenidos del actual convenio -en concreto, la eliminación de los denominados dispositivos de localización y bases de tres trabajadores; así como el pago de dietas- como para forzar la reapertura de la negociación de un nuevo convenio colectivo “que suponga la recuperación de los derechos de los trabajadores” recortados con el anterior.
Mañana viernes se celebrará ante el Jurado Arbitral el preceptivo acto de mediación previo a la huelga. Por ello, los sindicatos advirtieron que, de no llegarse a un acuerdo mañana, la manifestación de hoy solo “será un primer paso” en un conflicto laboral cada vez más intenso en el sector.
