El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este miércoles el decreto de ordenación y registro de explotaciones ganaderas por el que tendrán que estar situadas a una distancia mínima de dos kilómetros del núcleo urbano, “la más exigente de España”, donde es de un kilómetro.
El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, en su comparecencia semanal para informar de la reunión del gabinete, ha destacado que esta nueva regulación, una vez se publique en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, afectará a cualquier nuevo proyecto o a las explotaciones ya existentes que quieran ampliar las instalaciones.
Esta medida, ha explicado, impediría la ampliación del 67 % de las explotaciones ya existentes y propiciaría así el traslado de aquellas empresas que quieran aumentar sus instalaciones.
Hernando ha apuntado que la mayoría de las empresas que están a una distancia inferior a un kilómetro son mataderos, con lo que solo el 4 % de las grandes explotaciones están a menos de un kilómetro de un núcleo urbano en Castilla-La Mancha.
Además, ha continuado, “solo el 14 %” de las grandes explotaciones están situadas entre uno y dos kilómetros.
Las explotaciones ya existentes que se encuentran a menos de dos kilómetros y no deseen ampliaciones no se verán afectadas por el decreto, pero Hernando ha señalado que la tendencia es a que se vayan extinguiendo por el propio funcionamiento del mercado.
Requisitos
El nuevo decreto establece una serie de requisitos para las explotaciones ganaderas, como disponer de medios de producción que garanticen un adecuado nivel higiénico y sanitario; medios y equipos en las entradas para un desinfección eficaz de las ruedas y bajos de los vehículos; un lugar exclusivo para la cuarentena o aislamiento de animales con enfermedades contagiosas, y una gestión de excrementos específica para cada especie.
El portavoz ha subrayado que, en el contexto nacional, Castilla-La Mancha representa tan solo el 1,7 % del total de explotaciones ganaderas de España, “lejísimos” de otras comunidades como Galicia con el 32,8 % o Extremadura con el 15,4 % del total de de las explotaciones en España, o Andalucía con el 14,4 % y Castilla y León con el 11,4 %.
En Castilla-La Mancha, desde el año 2017, el número de explotaciones se ha reducido en un 43 %, mientras que en el conjunto de España el descenso ha sido de un 13 %, y principalmente se ha tratado de las empresas pequeñas.
Hernando ha ofrecido más datos, como que mientras que en España las explotaciones grandes han crecido un 43 %, en Castilla-La Mancha ese crecimiento “se ha controlado y no ha sido desorbitado” sino “tan solo del 8 % en once años”.
En el caso de las explotaciones medianas, en España han aumentado un 14 % y en la región han disminuido un 9 %, y las pequeñas explotaciones han descendido en el país un 26 % y en Castilla-La Mancha un 56 % en los últimos once años.
Regulación
Con estos datos, el portavoz ha afirmado que el Gobierno castellano-manchego comparte la preocupación de algunas personas por las macrogranjas y lo que hace es actuar en el marco de sus competencias “legislando y endureciendo los controles y los requisitos para este tipo de instalaciones”.
Para Hernando, los datos demuestran que el Ejecutivo regional “no impulsa este tipo de instalaciones, al contrario, ha evitado que crezcan de manera vertiginosa como ocurre en otras partes de España y ha regulado muy por encima de lo que lo hacen el resto de comunidades autónomas”.
Ha dejado claro, no obstante, que la Junta “no puede tumbar” proyectos que vengan con el visto bueno de los ayuntamientos y ha dicho que “no se trata de prevaricar y, por capricho”, no querer que haya una empresa de un tipo u otro, sino de tomar decisiones ajustadas a la ley y justas, dentro del marco de sus competencias.
Hernando ha asegurado que la intención del Gobierno regional es fomentar un crecimiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente, “donde no todo valga para salvar la vida de nuestros pueblos sino que sea con la conciencia tranquila, como estamos haciendo”, ha dicho.
