El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en su reunión de este martes la remisión al Consejo Consultivo del anteproyecto de Ley de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha para que emita el correspondiente informe y en este mismo ámbito ha aprobado la próxima convocatoria de 14 ayudas para la formación de personal investigador en centros públicos de investigación y en empresas en el marco de la retención y el retorno del talento.
El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha informado en rueda de prensa de estos dos acuerdos del Consejo de Gobierno que tienen que ver con su Departamento, así como un tercer acuerdo relativo a la convocatoria de subvenciones para la organización y gestión de las Federaciones Deportivas de Castilla-La Mancha durante 2019.
Sobre la Ley de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha, conocida coloquialmente como Ley de Ciencia, Felpeto ha reconocido que su tramitación está siendo larga, pues las cuestiones que abarca están relacionadas con muchas consejerías y ámbitos y ha requerido de la participación e informes de todos y ha explicado que, a pesar de que las Cortes de Castilla-La Mancha se disolverán en los próximos días por la convocatoria de elecciones autonómicas, “el trámite no será inútil, pues una vez que se constituyan las nuevas Cortes y finalizado el informe del Consejo Consultivo, el Consejo de Gobierno podrá aprobar el proyecto de Ley para su remisión a la Cámara”, ha afirmado.
Aportaciones
A este respecto, ha agradecido las aportaciones que en el trámite de exposición pública del anteproyecto se han recibido de las distintas instituciones, de las Universidades de Castilla-La Mancha y Alcalá, de la Fundación del Hospital de Parapléjicos, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF) y especialmente de los investigadores.
El consejero ha señalado que uno de los principales objetivos de la Ley es el compromiso del Gobierno regional de incrementar progresivamente los fondos regionales destinados a la I+D+i, incluyendo lo destinado a las universidades regionales, con el fin de conseguir los porcentajes de financiación sobre el PIB, a nivel nacional y europeo.
