El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en su sesión de esta semana remitir a las Cortes regionales, para su tramitación, cuatro proyectos de ley relacionados con la mujer rural y el medio ambiente, que se registrarán en el parlamento regional este lunes.
La portavoz del Gobierno regional y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que estos cuatro proyectos de ley son algunos de los textos que fueron aprobados por parte del Ejecutivo castellanomanchego en la anterior legislatura pero que se decidió no remitirlos a las Cortes debido a la inestabilidad política de aquel momento, por la crisis interna de Podemos en la región.
Se trata del proyecto de ley del Estatuto de la Mujer Rural, el de Economía Circular, el de Evaluación Ambiental y de Participación, este último elaborado por la Dirección General de Participación Ciudadana que estaba encabezada por una persona de Podemos, en virtud del acuerdo de Gobierno que alcanzaron la formación morada y PSOE.
En este punto, Fernández ha afirmado que el proyecto de ley se remitirá a las Cortes tal y como se aprobó en Consejo de Gobierno en la anterior legislatura, pues ha defendido que se hizo un trabajo en el que participaron más de 700 personas y 70 colectivos, además de la Universidad de Castilla-La Mancha, que dio como resultado “una de las leyes más modernas que hay en España” sobre esta materia.
En cualquier caso, ha animado a los grupos parlamentarios a presentar enmiendas para que el texto se pueda “enriquecer en el trámite parlamentario” y pueda ser aprobada por unanimidad en las Cortes.
Sin embargo, ha matizado que aunque también se aprobó en Consejo de Gobierno el proyecto de ley de Garantía de Ingresos, igualmente impulsada por Podemos, este texto no se llevará a las Cortes regionales debido a que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunció una ley estatal con el mismo contenido y puesto que en Castilla-La Mancha ya está en marcha un Plan de Garantías que “funciona muy bien” no es “perentorio” aprobar la ley.
A ello, ha sumado los “problemas de financiación” a los que se enfrenta Castilla-La Mancha debido a que el Gobierno central no abona a la comunidad las entregas a cuenta, bajo el argumento de que está en funciones.
En este sentido, ha confiado en que no sea necesario celebrar otras elecciones generales en otoño.
Dar visibilidad a la mujer
En cuanto al resto de proyectos de ley que se remitirán a las Cortes, Fernández ha explicado que el Estatuto de la Mujer Rural responde al compromiso del Ejecutivo regional de dar visibilidad a las mujeres en el medio rural y se “pretende cubrir el déficit que tienen en el mundo rural, donde sufre una doble discriminación, por un lado, el difícil acceso al mercado laboral y, por otro, el de la conciliación”.
En este contexto se enmarca el objetivo de garantizar los derechos de las mujeres en el medio rural a través de diversas fórmulas, entre ellas, fortalecer la figura de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias y “haciendo que la mujer sea visible”, lo que se traduce, por ejemplo, en que figure en los papeles como poseedora de los derechos de la Política Agraria Común (PAC) y como agricultora o ganadera, “cuestión que hasta ahora es muy problemática”.
Asimismo, sobre la ley de Economía Circular, la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego ha defendido que “será la primera sobre esta materia en España”, y con ella se impulsa el cambio de modelo de la economía regional, de uno lineal a uno circular, incluyendo conceptos como la “reelaboración, reutilización, reparación, recogida y reciclado”, que permitirá transformar el residuo en recurso y, además, generará 30.000 puestos de trabajo.
Fernández ha detallado que la ley incorpora los incentivos para las empresas que apuesten por la economía circular; las tasas para la gestión en vertedero de residuos potencialmente recuperables y fianzas para las empresas que gestionen residuos peligrosos en Castilla-La Mancha dentro de la Estrategia Regional de Lucha contra el Cambio Climático.
También se dará entrada en las Cortes el proyecto de ley de Evaluación Ambiental, que pretende simplificar la interpretación de la normativa para los múltiples actores que intervienen en los procedimientos de evaluación ambiental.
“Se trata de facilitar la tarea, en especial a los pequeños ayuntamientos o bien los organismos o entidades consultadas”, ha expuesto Fernández, que ha dicho que, de esta forma, se evitarán inseguridades jurídicas y falta de claridad y, además, introduce la novedad de que el órgano ambiental puede no admitir un proyecto por la inviabilidad manifiesta o por calidad insuficiente de la documentación; algo que en estos momentos no se produce.
