Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves una moratoria para la instalación de grandes granjas de ganado porcino en la región hasta el 31 de diciembre de 2024 y tampoco se autorizarán ampliaciones de las ya existentes, aunque sí se estudiará la autorización de explotaciones de porcino con sistemas tecnológicos apropiados para el tratamiento, valorización y separación de purines.
En concreto, la moratoria se establece para los proyectos de explotaciones de porcino que precisen Autorización Ambiental Integrada, es decir, para aquellas que superen las 2.000 cabezas, y no se tramitarán proyectos nuevos ni modificaciones de otros ya existentes que supongan superar esa cifra.
Esta moratoria, que se ha aprobado gracias a la mayoría absoluta del PSOE en el parlamento castellanomanchego, mientras que PP y Cs han votado en contra, supone modificar la ley de Economía Circular de la región y se ha tramitado como una enmienda que ha presentado el grupo socialista al proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha.
Además, en el pleno de las Cortes también el PSOE ha hecho valer su mayoría absoluta para rechazar la reprobación al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones sobre las macrogranjas, a petición de PP y Cs.
En el texto de la moratoria se especifica que el sector del porcino castellanomanchego ha sufrido una “gran transformación” en los últimos 15 años, ya que desde el año 2006 hasta la actualidad el censo de animales se ha incrementado en un 47% y de las 1.286 explotaciones ganaderas de porcino incluidas en 2021 en el registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos de Castilla-La Mancha, 227 corresponden con explotaciones con Autorización Ambiental Integrada, de las cuales 90 se han tramitado desde 2016.
Por ello, con la finalidad de ordenar adecuadamente este sector y realizar aquellos estudios que sean necesarios para ello, se ha establecido una moratoria sobre las explotaciones ganaderas de porcino hasta el 31 de diciembre de 2024.
Por otra parte, con el fin de “estimular la necesaria transformación del sector”, los trabajos de I+D+i y la consecución de productos de valor añadido, se estudiará la aprobación, por la autoridad competente, de la construcción de nuevas explotaciones ganaderas de porcino o modificación de las existentes que incorporen sistemas tecnológicos apropiados para el tratamiento, valorización y separación de purines.
En el debate parlamentario, la portavoz del grupo socialista, Ana Isabel Abengózar, ha acusado a PP y Cs de “sumarse al carro” por la polémica a raíz de las palabras del titular de Consumo pero les ha reprochado que en la comisión en la que se debatió esta enmienda se abstuvieron y no propusieron texto alternativo alguno.
El propósito de esta moratoria, ha dicho, es “no atacar a nadie sobre todo” así como “velar y ayudar al futuro del sector primario del campo y de los pueblos” haciendo una ordenación del sector” ante, ha admitido, el crecimiento exponencial de autorizaciones para estas instalaciones.
Asimismo, ha lamentado que el PP, “con tal de desgastar al Gobierno regional”, ha alimentado esta polémica, al igual que ha sostenido el presidente del grupo socialista, Fernando Mora, durante el debate general sobre las declaraciones del ministro de Consumo, además de que también ha achacado dicha polémica a las próximas elecciones en Castilla y León.
“Es más grave lo de Núñez que lo de Garzón”
Mora ha subrayado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, “se ha pronunciado claramente sobre las inoportunas y poco meditadas declaraciones de Garzón” y ha replicado al PP que se implica en este debate “porque se lo han mandado desde Génova”, al tiempo que ha lanzado el reto de que dimita Núñez porque su actitud es “mucho más grave que lo que ha hecho o dicho el ministro”.
Con todo, en su propuesta de resolución a este debate, que ha resultado aprobada pese al rechazo de PP y Cs, el PSOE no ha hecho referencia a las declaraciones de Garzón y se ha limitado a que las Cortes regionales apoyan al sector cárnico y ganadero, tanto extensivo como intensivo, a que se impulse una ganadería sostenible, a que apoyan la posición de García-Page y a que se refuercen los planes de control de cumplimiento de la normativa.
Por su parte, el diputado regional del PP Miguel Ángel Rodríguez ha señalado sobre la moratoria de las macrogranjas que se ha hecho “de espaldas al sector, genera inseguridad jurídica y condena a una actividad económica que genera empleo y cumple rigurosamente con una normativa medioambiental muy exigente y de sanidad y bienestar social”.
Rodríguez ha acusado a los socialistas de “criminalizar” al sector productivo “para hacer seguidismo de Garzón” y les ha instado incluso a retirar la enmienda sobre la moratoria.
También la portavoz del grupo popular, Lola Merino, les ha atribuido a los socialistas que “han comprado las mentiras ideológicas y malintencionadas de la izquierda más radical”, unas declaraciones de Garzón “graves e insultantes que son un ataque en toda regla a los ganaderos y merecen la reprobación”, ha remarcado.
Por ello, ha considerado que este jueves no cabe otra cosa que aprobar la petición de cese “fulminante” de un ministro que, según Merino, “no tiene ni la más puñetera idea de lo que tiene que defender”, y le ha espetado a los socialistas que “todo lo demás que guarreen, traigan y lleven, es cinismo y postureo”.
La propuesta de resolución del PP, que ha sido rechazada, recogía que las Cortes reprueben las manifestaciones del ministro y que insten al Gobierno regional y a García-Page a solicitar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el cese inmediato de Garzón.
En la misma línea iba la propuesta de resolución de Cs, también rechazada, en la que pedían que el Parlamento castellanomanchego repruebe las declaraciones de Garzón en las que ataca a la industria ganadera y pidan el cese como ministro por no defender los intereses del país.
Durante su intervención, la diputada regional de la formación naranja Elena Jaime ha tildado a Garzón de “gran demagogo y populista” y ha dicho que él es el problema y “el pacto casi diabólico” para sostener a Sánchez, motivo por el que ha considerado que el Ejecutivo central no puede echar a Garzón, por lo que “le sale gratis” atacar a los ganaderos.
