El Gobierno de Castilla-La Mancha ha firmado este viernes, con la patronal y los sindicatos, el Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales 2022-2026, dotado con 40 millones de euros para materializar las 111 medidas concretas que contiene.
La firma del acuerdo ha tenido lugar en Guadalajara por parte del presidente regional, Emiliano García-Page; el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás; y los secretarios regionales de CCOO y UGT, Paco de la Rosa y Luis Manuel Monforte, respectivamente.
Tras la rúbrica, García-Page ha destacado que se trata de un acuerdo “muy estudiado” con 111 propuestas “concretas y con más dinero”, cuyo incremento responde también al aumento del riesgo laboral, y fruto de “aprovechar al 500 por cien la dosis de estabilidad de la región en lo político, social y popular”, pese a que “lo están poniendo difícil la política internacional, la estabilidad del país y el propio metabolismo político”, ha recalcado.
Por ello, ha subrayado la importancia de tener “una hoja de ruta pactada” en la región, también en el ámbito de la salud y la seguridad laboral, y ha incidido en que este acuerdo es “serio y trabajado” y tiene prevista una comisión de seguimiento.
Patricia Franco
En la misma línea, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha manifestado que “no es un acuerdo cualquiera” porque afecta a la vida y la salud de los trabajadores y porque es el único acuerdo con los agentes sociales que ha permanecido vivo a lo largo de los años y que no se revirtió durante la legislatura 2011-2015.
Franco ha detallado que cuenta con tres ejes -difusión, impulso y vigilancia- con más de un centenar de medidas que se llevarán a cabo con el presupuesto de 40 millones de euros, que supone “multiplicar” por más de cuatro el que existía en 2014, dotado con 9,2 millones.
Asimismo, ha resaltado que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este viernes dos nuevas líneas, la convocatoria de ‘Castilla-La Mancha Más Segura’ con dos millones de euros y un mes de plazo para la solicitud; y las ayudas de 200 euros para que los autónomos puedan acceder a la cultura preventiva, para las que cuentan con dos meses para la solicitud.
Franco ha considerado que hay que seguir asumiendo “grandes retos” en materia de salud laboral, que tienen que ver con el mayor envejecimiento de la población activa y las nuevas enfermedades psicosociales, y ha celebrado la “voluntad de salir adelante juntos” Administración y agentes sociales y “no mirar de reojo” a los 31 fallecidos en accidente laboral de 2021 y 12 en lo que va de año 2022.
Con todo, ha incidido en que la región está “en los niveles más bajos” de la tasa de incidencia de accidentes de trabajo desde el año 2013, a excepción de 2020, así como en los “mayores niveles” de ocupación y empleo desde 2008.
Ángel Nicolás
Por parte de Cecam, su presidente, Ángel Nicolás, ha manifestado el “compromiso firme” de las organizaciones empresariales con la lucha contra la siniestralidad laboral, centrado hasta el momento en la formación, información y asesoramiento a las empresas además de las cerca de 23.000 visitas que han beneficiado a 200.000 trabajadores desde el año 2000; si bien ha reconocido que el escenario ha experimentado cambios y ha confiado en que este acuerdo “ambicioso” sea un instrumento más para reducir la siniestralidad.
Luis Manuel Monforte
Del lado de los sindicatos, el secretario regional de UGT, Luis Manuel Monforte, ha valorado el acuerdo para “avanzar y luchar” contra la siniestralidad laboral, y ha puesto también el acento en que “los tiempos cambian y las causas de los accidentes también”, por lo que ha creído necesario adaptarse a estos nuevos tiempos, así como ha reivindicado incluir el teletrabajo en los planes de prevención, cláusulas de prevención en todos los convenios y la figura del delegado territorial de prevención para llegar a las empresas más pequeñas.
Paco de la Rosa
Por último, el líder regional de CCOO, Paco de la Rosa, ha coincidido en estas demandas y ha sumado la de la creación de un Instituto regional de prevención de riesgos laborales para poder hacer un “mapeo exhaustivo” para detectar las deficiencias y “no escatimar esfuerzos” en hacer frente a la siniestralidad laboral, al tiempo que ha abogado por trasladar al Gobierno nacional la necesidad de más recursos para Inspección de Trabajo.
