El vicepresidente y portavoz del Gobierno provincial, Santiago García Aranda, ha asegurado que desde que Álvaro Gutiérrez preside la Diputación de Toledo la distribución de los fondos a los municipios de la provincia se hace con “equidad, imparcialidad y objetividad”. Unas declaraciones en clara alusión a las acusaciones vertidas desde las filas del Partido Popular en las que se cuestionaba el reparto que de esos fondos está realizando el actual equipo de gobierno de la institución provincial.
“Con el Gobierno de Álvaro Gutiérrez –proseguía el portavoz-, por primera vez, se están aplicando criterios estrictamente objetivos en el reparto de fondos económicos a los municipios de la provincia de Toledo”.
Y, además, se está haciendo de forma transparente, tal y como destaca García Aranda, ya que ha sido “con el Gobierno de Álvaro Gutiérrez cuando, por primera vez, se ha empezado a conocer el modo en que se reparten las ayudas económicas de la Diputación a las localidades toledanas”, y anuncia que antes de que finalice 2016 se publicarán en el Diario Oficial de la Provincia dicha distribución desde el año 2011.
Los pueblos gobernados por el PP
Para García Aranda, “llama mucho la atención que pueblos tan destacados como Mora, Dosbarrios y Seseña, con alcaldes que son diputados del PP, no cumplan los requisitos para acceder a las ayudas de la Diputación por la mala gestión económica que sus primeros ediles están haciendo en los ayuntamientos y que les impiden ser beneficiarios de las ayudas destinadas a lo que la ley denomina inversiones financieramente sostenibles”.
Son un total de 30 municipios cuyos ayuntamientos son del PP los que están en idénticas condiciones y “si no reciben fondos de la Diputación es porque la propia legislación que aprobó el Gobierno del Partido Popular así se lo impide ante sus incumplimientos económicos debido a su mala gestión en las cuentas municipales”.
Por último, el portavoz del Gobierno provincial se ha contestado a quienes acusan de desviación de poder que “a los únicos a los que se ha vinculado en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con ‘la posible comisión de un delito de desviación de poder con fines electoralistas’ ha sido a García-Tizón, a Cospedal y a sus acólitos por el disparatado proyecto de Ciudad de Vascos”.
