El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha seis oficinas de intermediación hipotecaria en las dependencias de la Consejería de Fomento de las cinco capitales de provincia y en Talavera. Las ‘oficinas antidesahucios’ van a permitir que los usuarios del Programa de Intermediación que se prestará a través de las mismas cuenten con asesoramiento profesional de abogados, trabajadores sociales y el propio personal administrativo y técnico de la Junta de Comunidades asignado a las consejerías de Fomento y Bienestar Social.
El pistoletazo de salida de esta nueva iniciativa ha tenido lugar este miércoles 21 de octubre en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, la firma de un convenio entre el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, y los decanos de los Colegios de Abogados y el presidente regional del Colegio de Trabajo Social.
Así junto a García Page, el acuerdo ha sido rubricado por los decanos de los Colegios de Abogados de Toledo, José Sánchez Recuero; Albacete, Julio García; Ciudad Real, Cipriano Arteche; Cuenca, Jesús Celada; Guadalajara, Emilio Vega, y la decana de Talavera, Margarita Cerro, así como el presidente del Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, Javier Sánchez. A este acto han asistido también las consejeras de Fomento y Bienestar Social, Elena de la Cruz y Aurelia Sánchez, respectivamente, y el director general de Vivienda y Urbanismo de la Junta de Comunidades, José Antonio Carrillo –todos ellos en la foto superior-.
Objetivo: Erradicar los desahucios de primera vivienda
La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha declarado que las oficinas son “un hito importante” que va a trabajar por el objetivo es “erradicar la lacra de los desahucios” de primera vivienda y garantizar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución. Para ello, este nuevo servicio trabajará en cuatro líneas que forman una “labor integral” de apoyo frente al “drama social que padecen numerosas familias de nuestra comunidad autónoma”, expresó la responsable de Fomento.
Esas cuatro líneas son la información profesional desde el comienzo del proceso, la intermediación social, la asesoría jurídica para guiar a los afectados a lo largo de todo el proceso de desahucio y la mediación con la entidad bancaria para tratar de renegociar las condiciones hipotecarias a fin de que la familia afectada pueda conservar esa primera vivienda. Las propias oficinas gestionarían en los casos extremos en los que no se pudieran paralizar los desalojos una alternativa habitacional para los afectados.
600 procedimientos pendientes en Castilla-La Mancha
La consejera ha afirmado que aunque los datos ofrecidos por el INE en relación al último trimestre apuntan a una reducción de las amenazas de desahucio en la región, todavía quedarían pendientes unos 600 procedimientos en Castilla-La Mancha. Sobre los servicios que prestará la Junta a través de las seis oficinas, De la Cruz ha subrayado que “son los cimientos de una política de vivienda que seguirá avanzando hacia experiencias más ambiciosas”. Entre otros proyectos, el Gobierno regional pretende acometer una Ley Social de Vivienda, un observatorio permanente en la materia y una comisión de seguimiento de la actividad de las seis oficinas cuya evaluación servirá para “seguir creciendo”.
Elena de la Cruz ha tenido palabras de agradecimiento para las Plataformas Antidesahucio de la región, con las que se reunió hace unas semanas. También para los ayuntamientos, diputaciones, entidades y ONG que se han ofrecido a la Consejería o que estén dispuestos a colaborar para “seguir creciendo”.
Por su parte, el presidente del Colegio de Trabajo Social, Javier Sánchez, ha afirmado que el convenio es “muy responsable, moderado y apostando por la profesionalidad”, algo que requiere una materia como los desahucios que es “muy sensible y muy compleja”. Sánchez ha criticado la escasa sensibilidad del gobierno regional anterior en el ámbito social y ha afirmado que el programa que se pondrá en marcha a través de las oficinas es “un rayo de luz para miles de familias que han sufrido lo indecible”, aseverando que “ojalá paremos muchos desahucios”. 
El decano de los abogados de Toledo, José Sánchez Recuero, que ha hablado en representación de los seis colegios firmantes, ha dicho que la presencia de letrados en el programa de las oficinas garantiza “profesionalidad” y “eficiencia” y que los afectados que recurran a las oficinas encontrarán un asesoramiento legal “de solvencia personal y profesional”. Sánchez Recuero ha subrayado que les parece “esencial asesorar en derechos a gente que se encuentra en absoluta indefensión” por lo que ha dicho “confiar en la utilidad de este convenio” al que ha asegurado que los colegios de abogados se agregan “no por interés económico, sino por interés social”.
