Castilla-La Mancha va a contar el próximo año con una Ley Social de la Vivienda, una norma que otorgará a la Administración regional, entre otros avances, el derecho a conocer cualquier intento de desahucio antes de que se produzca el desenlace. De esta manera, existirá un trámite concreto claro “que obligará a las entidades bancarias o grandes inmobiliarias a darnos notificación antes de desahuciar a nadie por razones sociales”, lo que dará posibilidad de establecer un mecanismo de intermediación.
Así lo ha señalado este miércoles en Toledo el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la firma del acuerdo para la puesta en funcionamiento de las seis oficinas del Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria.
Desde Castilla-La Mancha, ha recordado García-Page, “hemos innovado en muchos debates en España, desde los malos tratos hasta diversas batallas en materia de igualdad”. Por ello, ha proseguido, esta Ley “va a abrir una brecha en el debate social” al reflexionar sobre aspectos importantes como el conocimiento previo, por parte de la Administración de Castilla-La Mancha, de cualquier posibilidad de desahucio
Junto a esta iniciativa pionera en España, se llevarán a cabo otras como gravar fiscalmente a quienes acumulan viviendas “y especulan con esa acumulación de viviendas vacías”, ha indicado el presidente regional, al tiempo que ha aclarado que este apartado no está referido a personas físicas. “Estoy hablando de que en España miles de viviendas se acumulan en pocas manos y no se sacan al mercado esperando que suba el precio, mientras hay gente que no tiene vivienda”, ha lamentado García-Page, “y eso tiene que tener un reflejo fiscal de alguna manera”.
Por último, se establecerá una obligación para que en toda planificación urbanística, la distinta tipología de las viviendas se generalice por todos los barrios, con el objetivo –ha apuntado García-Page- de evitar los “guetos sociales”, ya que “tendemos a estancar a la gente en función de la renta”, ha puntualizado el presidente.
Finalmente, el presidente se ha comprometido a objetivar los derechos que hasta ahora eran considerados de “segundo grado o segunda división” en la Constitución como el derecho a la salud, a una vivienda digna, al empleo o a la educación, “y que la crisis ha dejado claro que tienen que ser de primer grado”.
