Los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha han pedido dejar de depender de la Consejería de Agricultura, ante el “abandono” que aseguran sufrir por parte de este departamento en cuanto a sus reivindicaciones de más medios materiales y humanos y más “seguridad” personal ante el creciente número de agresiones, según ha apuntado en Toledo el presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales (APAM) de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Martín.
Y, además, ha precisado que este cuerpo, que “ostenta la condición de agente de la autoridad y de policía medioambiental”, ha pedido pasar a depender de la Dirección General de Protección Ciudadana, dependiente de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Martín ha explicado que este cambio de dependencia funcional y orgánica se produce después de que solicitaran ser incluidos en la Viceconsejería de Medio Ambiente o ser integrados en una Dirección General propia dentro de la Consejería de Agricultura, a la que han acusado de “desoír” todos sus planteamientos.
Y ha recordado el acuerdo social al que se llegó hace tiempo para llegar hasta los 700 efectivos que se consideran necesarios para cubrir esta superficie y que, en la práctica, no se ha cumplido.
A la falta de medios humanos, hay que sumar la falta de medios materiales para desempeñar sus funciones, según Martín, quien ha afirmado que, en estos momentos, se encuentran “a merced de los delincuentes medioambientales” ante la subida exponencial de agresiones, concretamente 30 en los últimos cinco años.
En este punto ha reclamado más medios de defensa personal, como chalecos antibalas y armas cortas, así como cursos de formación, por ejemplo de judo verbal, para hacer frente a las amenazas y agresiones, teniendo en cuenta que los agentes medioambientales son el cuerpo que “se enfrenta a un mayor número de personas armadas”, al identificar a veces en un solo día a cien cazadores.
Unido a la falta de las medidas para garantizar su integridad física, Martín ha criticado la falta de seguridad jurídica ya que, en algunos juicios, se encuentran “totalmente desamparados por la administración”, al no contar nisiquiera con un letrado que les defienda.
“Discriminación”
A estas reivindicaciones, APAM suma la discriminación que sufren en cuanto al propio trabajo que tienen encomendado como cuerpo y no pueden desarrollar, al no ser incluidos en los planes de inspección de Calidad Ambiental, que velan por que no se produzcan desastres como los incendios de Chiloeches o Seseña o los vertidos al Tajo.
“Queremos trabajar para acabar con la inseguridad medioambiental en Castilla-La Mancha”, ha afirmado Martín, quien se ha mostrado convencido de que muchos delitos medioambientales que se producen actualmente no ser materializarían “si nos dejasen trabajar sobre el terreno, del que somos los mayores conocedores”, ha aseverado.
Igualmente piden ser integrados en la Sala de Emergencias del Servicio de Urgencias 112, por lo que creen que su trabajo sería “más efectivo” dependiendo de la Dirección General de Protección Ciudadana, que es donde se coordinan los protocolos de emergencia, como sucede en otras comunidades como Madrid, Murcia o Cataluña.
El presidente de APAM ha confiado en que la solicitud de esta asociación de pasar a depender de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se atienda “cuanto antes” y ha anunciado que no descartan volver a movilizarse, como ya hicieron en 2016.
