Unas 200 personas, representantes sindicales de las empleadas públicas y los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) en la región, se han concentrado esta mañana ante la Delegación del Gobierno en Toledo convocados por CCOO, UGT y CSIF para reclamar mejoras retributivas, más empleo público y la recuperación de sus derechos.
Los sindicatos denuncian que la AGE “ha sido castigada de manera especial durante los últimos años por el Gobierno para cumplir los parámetros de contención del gasto, tanto en la reposición de efectivos como en las condiciones retributivas del personal; así como por los recortes efectuados con la excusa de la crisis.”
“Esto ha provocado un grave deterioro de los servicios públicos, que es necesario atajar porque son imprescindibles para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, según han explicado los representantes sindicales.
En la región, la AGE emplea en la actualidad a unas 6.000 personas, incluyendo funcionario y laborales; una cifra que no ha dejado de menguar desde 2010, cuando eran 7.000. A nivel estatal, se han destruido unos 30.000 puestos de trabajo en la AGE.
Incremento
A la pérdida de empleos, con la consiguiente degradación de la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía, se añade la pérdida de poder adquisitivo acumulada por el personal de la AGE en la última década, que los sindicatos cifran en un 14%.
Los sindicatos piden al nuevo Gobierno el desarrollo del II Acuerdo para la mejora del empleo público, firmado el pasado de 9 de marzo con el anterior ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Para paliar las pérdidas de poder adquisitivo, reclaman un incremento lineal de 200 euros y una dotación presupuestaria de 100 euros más para el establecimiento de la carrera profesional para todas las empleadas públicas y todos los empleados públicos de la Administración del Estado.
Los sindicatos también reclaman el desarrollo y aplicación de la jubilación parcial en el ámbito de la AGE; así como el desbloqueo del IV Convenio Único del personal laboral, “que lleva más de dos años sin avances significativos, y el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, estableciendo, entre otras cuestiones, el derecho a la carrera profesional o la adaptación de la clasificación profesional al actual sistema de titulaciones.
