Puestas en servicio el pasado 21 de octubre por el Gobierno de Castilla-La Mancha en colaboración con los colegios de abogados regionales, las seis oficinas de intermediación hipotecaria habilitadas en las dependencias de la Consejería de Fomento de las cinco capitales de provincia y la Delegación de Servicios en Talavera de la Reina han atendido hasta la fecha a 199 consultas de otros tantos solicitantes. Según el primer informe de actuaciones que ha tomado conocimiento este miércoles el Consejo de Gobierno, la oficina antidesahucio de Talavera encabeza la lista de consultas con 58; Guadalajara suma 42; Ciudad Real 40, Toledo con 26, Albacete con 19 y Cuenca con 14 completan la estadística del primer mes de actividad.
El portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Nacho Hernando, ha explicado que con el total de 199 solicitantes atendidos las oficinas han llegado ya a “casi un tercio de todas las posibles familias afectadas por este drama social” aunque a renglón seguido añadía que “no nos vamos a quedar ahí y vamos a seguir ampliando las medidas para poder paliar y combatir esta cuestión”.
Además, el portavoz ha resaltado que gracias a la labor de estas oficinas se han paralizado dos lanzamientos, uno en Almansa y otro en Albacete capital. Al mismo tiempo ponía en valor las ventajas de este servicio, citando al personal especializado que está al frente de las mismas, el que los afectados por un posible procedimiento de desahucio “cuentan con todo el respaldo institucional a la hora de negociar con las entidades bancarias y que los usuarios entran automáticamente en el sistema de la Junta, que permite a la Administración regional disponer de sus datos para estudiar la posibilidad de ofrecer otro tipo de ayudas”.
Hernando ha recordado por último que el Gobierno de Emiliano García-Page mantiene su compromiso de aprobar una Ley Social de Vivienda y crear un observatorio permanente en la materia y una comisión de seguimiento de la actividad de las seis oficinas. Este último órgano se constituyó el lunes 30 de noviembre y es el responsable del informe elevado al Consejo de Gobierno y hecho público este miércoles.
