El Ayuntamiento de Toledo va a recurrir la orden de ejecutar las sentencias de anulación del Plan de Ordenación Municipal (POM) –que ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ)- con el fin de interrumpir el plazo de veinte días que tiene la Consejería de Fomento para acatar la providencia del Alto Tribunal. Además, el consistorio se ha dirigido al Tribunal Constitucional (TC) para pedir protección instando a que su “sentencia se pueda ejecutar y no quede desvirtuada por una ejecución previa de otras que están a la espera del fallo definitivo”.
Y es que en el Ayuntamiento considera que TSJ ha producido una “incongruencia judicial” que va contra su propio criterio y que podría dejar sin efecto una sentencia firme del Tribunal Constitucional en sentido contrario. Hay que reseñar que el pasado mes de octubre el TC revocaba la sentencia de nulidad del POM y por ello en el consistorio no entiende por qué ahora llega este cambio de criterio, aunque el portavoz municipal, José Pablo Sabrido, sospecha que puede ser un problema técnico porque no se han unificado las demandas. El mismo Sabrido apunta que tanto los asesores externos como los servicios jurídicos municipales aseguran que el Ayuntamiento tiene el caso ganado y por ello sostiene que tanto los promotores como otros sectores, que se vean afectados por las normas urbanísticas, deben de estar tranquilos.
