Una rencilla familiar por un negocio fallido está presuntamente detrás del enorme incendio de Seseña que en mayo de 2016 quemó alrededor de 90.000 toneladas de neumáticos que se hacinaban en un depósito entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, según publica el diario El País.
Es la sospecha que recogen los informes del Seprona de la Guardia Civil incorporados al sumario del caso y en los que se acusa a un empresario, Javier M. P., de querer perjudicar a su cuñado y a su hermana con dicho incendio. La principal prueba contra él es su teléfono móvil, que lo sitúa en el lugar del suceso horas antes de que se detectasen las primeras llamas. Javier M. P. fue detenido a finales de mayo y permanece imputado tras declarar ante el juez.
Según este periódico, un informe de la Guardia Civil concluye que existen “indicios para pensar que por despecho o venganza”hacia su cuñado -casado con su hermana- el único acusado le prendió fuego supuestamente al depósito de neumáticos. No quería que la empresa de su familiar se beneficiara del tratamiento futuro de las ruedas de Seseña que la Administración estaba planificando, según se concluye de ese documento policial fechado el 16 de mayo e incluido en el sumario del caso, al que ha tenido acceso El País.
Otro negocio
El incendio de Seseña, que tuvo tres focos, se declaró la noche del 12 al 13 de mayo de 2016. Pero sus orígenes, según se desprende de las extensas investigaciones realizadas por la Guardia Civil a lo largo de más de un año, hay que situarlo antes. En concreto, en el momento en el que el único imputado decidió montar también un negocio de depósito de neumáticos en otro municipio, Argamasilla de Alba (Ciudad Real), con la empresa de su cuñado y de su hermana, como explica el diario.
Este negocio no salió bien y dejó a Javier M. P. en una “situación económica muy precaria”, según la Guardia Civil. Ese depósito de neumáticos que emprendieron juntos tiene “varios expedientes sancionadores en marcha”, está “precintado” y mantiene “deudas y denuncias”, enumeran los investigadores del Seprona.
“Ha arruinado la empresa”, reconoció el imputado ante el juez el pasado 26 de mayo, dos días después de ser detenido por la Guardia Civil. Se le acusa del delito de incendio con peligro para la vida o la integridad física. Tras declarar ante el juez, fue puesto en libertad provisional. Según confirman fuentes de su defensa a El País, el empresario permanece imputado a la espera que se practiquen nuevas diligencias y se tomen declaraciones a nuevos testigos.
La figura de Javier M.P. afloró en la investigación cuando las pesquisas llevaban ya meses y se habían centrado, precisamente, en su cuñado, al que un testigo protegido -que finalmente resultó ser hermano del primero- lo señalaba junto a una tercera persona como presunto autor del desastre medioambiental.
Número de móvil
El giro en las pesquisas se produjo tras un informe de la Guardia Civil del 16 de enero en el que solicitaba al juez que instruye la causa autorización para intervenir un número de móvil que, según la información técnica aportada por las compañías de telefonía, había estado en las inmediaciones del lugar el 12 de mayo de 2016 entre las 20:46 y las 23:35.
Dos llamadas recibidas y sendas consultas a Internet así lo revelaban. Como titular del mismo, aparecía una hija del empresario imputado ahora, aunque las pesquisas de los agentes revelaban que el verdadero usuario era él. Tres semanas después de llegar ese documento policial, el juez, con el apoyo de la Fiscalía, dio luz verde al pinchazo de ese teléfono.
Las sospechas sobre la presencia del usuario de este teléfono en el lugar de los hechos las confirmó el 7 de marzo un informe de los expertos de la Unidad Central Operativa (UCO). En ese documento, la Guardia Civil reconstruían, gracias a la situación de las antenas de telefonía a las que se iba conectando el teléfono móvil, el recorrido que siguió su usuario desde que salió de la zona sur de la ciudad de Madrid poco antes de las ocho de la tarde hasta que llegó a su domicilio en Tomelloso (Ciudad Real).
