El magistrado Fernando Presencia se enfrenta, a partir del lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con sede en Albacete, a una inhabilitación de 15 años, la pérdida de su cargo como juez decano y a una multa de 27.000 euros por prevaricación, si prospera la petición hecha por el Ministerio Fiscal en el señalamiento del juicio oral
Fue la Fiscalía de Castilla-La Mancha la que presentó una querella tras una decisión adoptada por Presencia cuando estaba al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera porque sobreseyó provisionalmente una causa de un posible delito de estafa en la compra-venta de un local mediante contrato privado y la que estaba siendo investigada una persona “con la que mantenía una relación estrecha e intensa de amistad que trascendía del mero conocimiento persona”.
Para el fiscal, el magistrado dictó dicha resolución “insólita y anómala en cuanto carente de toda cobertura legal, además de prematura en ese estadio procesal, sin oír a las partes y sin esperar al resultado de la práctica de diligencias ya acordadas”, tales como varias pruebas documentales solicitadas a una entidad bancaria o la práctica de una prueba pericial caligráfica que tendría que haber sido acordada por el magistrado.
Además, la referida resolución oral no fue documentada de forma escrita hasta diecisiete meses después de su dictado”. Esta resolución fue recurrida tanto por el fiscal como por la acusación particular y revocada posteriormente por la Audiencia Provincial de Toledo.
