El colectivo de jueces y fiscales ha pedido este jueves en las cinco capitales de Castilla-La Mancha la objetivación en el nombramiento de altos cargos, más medios humanos y materiales para luchar contra la corrupción así como recuperar el nivel salarial perdido desde 2010.
En Toledo, el juez decano, Juan Ramón Brigidano, junto al fiscal jefe de la Fiscalía provincial, Luis Ibáñez, han leído un manifiesto que ha recogido las reivindicaciones de ambos colectivos dirigidas a la adopción de medidas por las Cortes Generales, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, a las puertas de los juzgados de la capital acompañados de alrededor de una veintena de profesionales del ámbito judicial.
Reclaman independencia judicial en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial mediante jueces y magistrados, el amparo a los miembros en la carrera judicial en intromisiones de independencia o la supresión de magistrados designados por las cámaras autonómicas.
Demandan mayor inversión para mejorar la eficacia del servicio público, el incremento de las plantas judiciales y fiscales así como la modernización de edificios o la digitalización efectiva.
Desde el colectivo de fiscales solicitan que se derogue el sistema de plazos, la paralización de la implantación de justicia digital en tanto que no se garantice el funcionamiento de la misma o el refuerzo de independencia del Ministerio Fiscal y la autonomía presupuestaria del mismo órgano.
Brigidano ha reclamado, respecto a la independencia de estos órganos, que este concepto se materialice en el nombramiento de altos cargos, porque aunque los jueces puedan ejercerla “al cien por cien” –tal y como menciona en el caso de Toledo– hay que ponerla en práctica de “arriba a abajo”.
Toledo
El juez decano en Toledo ha lamentado que la capital carezca de juzgados especializados, poniendo el acento en que “es muy grave” que el juzgado de violencia sobre la mujer no se dedique “exclusivamente a eso” teniendo que compatibilizar “su trabajo hasta las 12.00 horas con otras cuestiones”, así como el juzgado de lo mercantil, que a la vez se ocupa de la impugnación de los suelos.
Así se ha quejado que haya uno o dos psicólogos para una población de 800.000 habitantes, generando una media de retraso de dos años en la emisión de un informe de un tema familiar.
Y preguntado por la asignación en materia judicial a la provincia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha calificado de “muy escasa” la creación de órganos en la capital fuera del juzgado de lo penal.
También ha cuestionado la aportación de 300.000 euros para el Instituto de Medicina Legal en Talavera, un proyecto “que aparece y desaparece” en estos presupuestos y que tiene un solar asignado. “Se pueden hacer una idea de lo que se puede hacer con 300.000 euros”, ha afirmado.
