La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha destacado que “las mujeres en las zonas rurales necesitamos una atención política especial. No solo oportunidades laborales sino, también vitales porque luchamos contra el despoblamiento y favorecemos la sostenibilidad”.
En este sentido ha avanzado que “el Estatuto de las Mujeres Rurales –se encuentra en tramitación en las Cortes- será una realidad en el mes de noviembre” con el objetivo de impulsar la autonomía económica. Se trata de una ley única de estas características en España y está dirigida a mujeres que viven en municipios de menos de 30.000 habitantes.
Fernández ha recordado que las mujeres representan el 49,8 por ciento de la población de Castila-La Mancha, y un 16 por ciento de ellas vive en el entorno rural, de ahí que se haya mostrado partidaria de “dar un impulso a la titularidad compartida, que ha evolucionado de 28 a 177 explotaciones en los últimos cuatro años, además ser la segunda comunidad autónoma que tiene más mujeres perceptoras de la PAC (Política Agraria Común), cuyo pago se efectuó el miércoles. 348 millones en la región, y 57,7de ellos en la provincia de Albacete.
Columna vertebral
A juicio de la consejera y portavoz, esto pone de manifiesto el empoderamiento de las mujeres rurales, columna vertebral del desarrollo, cuidado y mantenimiento de nuestros pueblos. Y otro ejemplo de este empoderamiento que se fomenta desde el Gobierno regional lo tenemos en que, de las 1.438 incorporaciones al campo que se han registrado en el año 2018, 460 corresponden a mujeres.
De igual modo, Fernández ha puesto especial énfasis en el apartado laboral como herramienta fundamental para el asentamiento de la población en las zonas rurales, que es precisamente uno de los objetivos que persigue el Ejecutivo castellano-manchego con el Plan de Empleo por la Igualdad que estará dotado de cinco millones de euros para contratar a mil mujeres en zonas rurales, con prioridad para las víctimas de violencia de género.
