La Sala de la Sección Segunda de la Audiencia provincial de Toledo ha suspendido el juicio contra la exalcaldesa de Corral de Almaguer (Toledo) y exsenadora del PP, Juliana Fernández de la Cueva, tras aceptar la petición de su defensa para solicitar pruebas al Ayuntamiento sobre el acceso a los expedientes de multas.
La exalcaldesa y el teniente de alcalde en 2013, que fue el momento en el que se produjeron los hechos, Vicente González, están acusados de admitir alegaciones de varios conductores denunciados para, después de pagar el 50 % por ciento de la sanción económica, no perder los puntos del carné de conducir.
El fiscal les ha acusado de un delito continuado de prevaricación administrativa y para ambos ha pedido una pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
La vista que ha tenido lugar este martes en la Audiencia provincial no ha durado más de hora y media, con receso incluido para la deliberación de los magistrados sobre la petición de las defensas, y ha concluido con la suspensión del juicio sin fecha para su reanudación.
Tal y como ha manifestado el magistrado presidente, la Sala ha considerado oportuno acceder a la petición realizada por la defensa de la exregidora municipal, a la que se ha adherido el letrado defensor del exteniente de alcalde, y por tanto solicitar certificación al Ayuntamiento sobre las pruebas.
En concreto, la Sala solicitará que se practique una prueba mediante la petición al Consistorio de Corral de Almaguer para que el secretario de la Corporación certifique si desde el año 2013 se ha solicitado tener acceso a los expedientes sancionadores de multas que obran en las dependencias municipales y quién lo ha solicitado.
Así lo ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación el abogado de la defensa de la exalcaldesa del PP, Juan Justo López, quien se ha mostrado “contento” por la decisión del tribunal y porque las defensas podrán tener así las pruebas que desde el año 2017 les han sido denegadas.
Derecho a la tutela judicial
En este sentido, ha indicado que con la práctica de esta prueba sí se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva y a la legítima defensa que durante la vista había alegado que habían sido vulneradas.
Justo López ha considerado este extremo “importante” porque “la obtención de estas hipotéticas pruebas que puedan servir para menoscabar el principio de presunción de inocencia, tienen que obtenerse con todas las garantías y todos los requisitos habidos y por haber”.
De hecho, durante el juicio ha indicado que la denegación de estas pruebas ha creado “indefensión” a la acusada, al tiempo que ha señalado que este asunto se inició por una denuncia de un particular que obtuvo datos “de forma ilegítima” porque le llegó “un anónimo al buzón de su casa” y lo puso en conocimiento de la Fiscalía.
El letrado del exteniente de alcalde ha agregado, además, que no se trasladó a las defensas la solicitud de prueba, lo cual ha entendido el fiscal que podría llevarles a una indefensión que sin embargo quedaría diluida si se practica la prueba, por lo que ha apoyado la solicitud de suspensión del juicio.
En cualquier caso, el abogado de Fernández la Cueva ha mantenido, dentro y fuera de la sala, que su defendida es “inocente” y ha afirmado ante los medios de comunicación que “no ha cometido ningún delito ni nunca ha dictado ninguna resolución a sabiendas de su injusticia e ilegalidad”.
“No quitó ninguna multa”, ha subrayado, ni estas sanciones se retiraron “con conocimiento, con el beneplácito y consentimiento de la alcaldesa nunca”, ha sentenciado.
