El Ayuntamiento de Talavera, o como ha dicho la portavoz del actual Ejecutivo, Flora Bellón, “toda la ciudad”, tendrá que pagar “la prepotencia, soberbia, desgana, desidia, incapacidad, desorganización, mala gestión y falta de diálogo con la parte social del Gobierno Ramos”.
Y es que la providencia – a la que le seguirá un auto definitivo, tras el pronunciamiento de las partes-, que ha sido dictada por el Supremo y conocida este martes, desestima el recurso de casación que interpuso el anterior Ejecutivo contra los recursos de suplicación dictados tras la sentencia del Juzgado de lo Social en octubre de 2018 y por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en marzo de 2019 por los infrasalarios pagados a los trabajadores de los planes de empleo de 2016 y el primero de 2017 por no ser pertinentes.
Así, el Ayuntamiento de Talavera se enfrenta a unos impagos que rondarían los 12 millones de euros, cifra que es provisional “a falta de ir revisando cada circunstancia y caso concreto”.
Y es que también está judicializado el segundo plan de empleo de 2017, el de 2018 y los de zonas rurales deprimidas, ya que “también se están reconociendo estas diferencias salariales a los demandantes” y hay 2.033 contratos formalizados en total entre todos ellos.
Los planes de empleo son específicos, no sustitutivos
Como ha recordado Bellón, los planes de empleo van enfocados a personas en situación de exclusión social, víctimas de violencia de género, jóvenes sin formación o capacitación o personas en situación de paro de larga duración.
“Son planes específicos –ha incidido- con autonomía y sustantividad propia, con contratos determinados en el tiempo”, pero “no para utilizar a esas personas para hacer trabajos o servicios permanentes del Ayuntamiento en sustitución de los empleados públicos”.
Por este motivo los trabajadores han reclamado cobrar como los empleados públicos; “estas personas no son responsables de lo que aquí está pasando, por lo que no queremos que estos colectivos paguen las consecuencias de esa pésima y nefasta gestión que por parte del PP se ha llevado a cabo”.
Cara prepotencia
Precisamente en este matiz está el quid de la cuestión, una mala praxis que fue advertida por el sindicato Comisiones Obreras y que el por entonces concejal responsable de los planes de empleo, Arturo Castillo, les animó a acudir a los tribunales, y que han sentenciado una “deuda millonaria”.
Bellón, ha señalado que este pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre los planes de empleo es “una hipoteca para este Ayuntamiento y para esta ciudad”.
El concejal de Hacienda, Luis Enrique Hidalgo, ha manifestado por su parte, que “nos enfrentamos a una losa, un problema serio y grave que nos ha traído el PP”, pero que irán “solventando de la mejor manera posible. Habrá que negociar para ver plazos y periodos para afrontarlo”.
Ambos ediles han lamentado la situación económico-financiera que van a tener que afrontar como gobierno en el Ayuntamiento que se suma a “expedientes mal tramitados, asuntos que han tenido que pasar por el Consejo Consultivo, más de 7 millones en facturas sin pagar o contratos prorrogados y sin licitar”.
Por eso han pedido explicaciones a Jaime Ramos y a Santiago Serrano, integrantes del anterior Ejecutivo y con acta de concejal en la actual Corporación.
Serrano responsabiliza a la Junta
Tras conocerse la noticia, Santiago Serrano ha remitido a los medios una nota de prensa en la que ha señalado a la Junta de Comunidades como responsable de este asunto.
El edil argumenta que “el Ayuntamiento consultó al Gobierno regional antes de acogerse a la convocatoria de los planes de empleo para saber si la remuneración de los trabajadores era correcta. La respuesta de la Junta fue favorable, por lo que el Consistorio se
acogió a los planes de empleo atendiendo a la consulta a la Junta, a la
legalidad y a los informes de los técnicos”.
Tranquilidad por el Plan de Empleo 2020
Bellón ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía en cuanto a los sucesivos planes de empleo.
En este sentido ha dicho que el equipo de Gobierno de Tita García Élez ya han preparado “proyectos específicos y diferenciados de lo que son los servicios normales del Ayuntamiento, especificando los contratos, vinculándolos con la formación y la capacitación laboral de estos trabajos”.
“También nos estamos reuniendo con la parte social (los sindicatos) para negociar las tablas salariales diferenciadas”, para lo que “estamos haciendo esos grupos específicos de trabajadores” para que las labores que lleven a cabo se traduzcan en la imagen de ciudad y de creación de empleo.
Todo ello para “conseguir que no se vea esa imagen a la que el PP ha arrastrado a los planes de empleo, con grupos de personas repartidos por la ciudad, con falta de materiales”.
Hasta una docena de reuniones ya se han mantenido con los agentes, ha desvelado.
