lunes, 29 abril 2024
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‘Cheque Covid’ de 6,7 millones para incentivar la contratación en Castilla-La Mancha

La Junta también destinará 3,5 millones para quienes no recuperen su puesto de trabajo tras un ERTE

Comparecencia de Patricia Franco en las Cortes.
Comparecencia de Patricia Franco en las Cortes.

El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en una batería de medidas para los trabajadores más afectados por la crisis, entre ellas, el ‘Cheque Covid’, una línea de ayudas que estará dotada con 6,7 millones de euros para incentivar la contratación de personas que hayan sido despedidas; y otra de 3,5 millones para quienes no recuperen su puesto tras un ERTE.

Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en una rueda de prensa telemática, previa a su comparecencia en la Comisión de Empleo de las Cortes regionales para abordar la gestión de su área durante la pandemia.
Una comisión que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas de la Covid-19 y con la consejera visiblemente emocionada al recordar a los fallecidos, “cercanos, aunque no familiares”.

Batería de medidas

Franco ha explicado que el Ejecutivo autonómico está trabajando en una batería de medidas en materia de empleo para los más afectados por la crisis y ha avanzado que una de las propuestas será la puesta en marcha del ‘Cheque Covid’, dotado con 6,7 millones de euros y destinado a que personas que han sido expulsadas del mercado laboral tengan un cheque portador a su disposición para incentivar su contratación posterior.

También ha adelantado que habrá una línea específica para personas que no recuperen su puesto una vez finalice el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que estará dotada con 3,5 millones.

Asimismo, ha informado de que se está trabajando en otras dos líneas: una en materia de teletrabajo, para incentivar inversiones en equipos y permitir “una mayor oportunidad en Castilla-La Mancha”.

Y una segunda en materia de conciliación familiar, destinada a personas que decidan reducir su jornada para el cuidado de mayores o pequeños y también a aquéllas que, sin reducirla, apuesten por contratar a cuidadores en el ámbito doméstico.

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