La concejala de Servicios Sociales, Ana Abellán, ha informado este jueves de las bases reguladoras que van a regir la convocatoria de ayudas directas a familias de la ciudad de Toledo para gastos relativos a suministros de la vivienda. Una convocatoria impulsada desde el Ayuntamiento que cuenta con un presupuesto de 80.000 euros y que, según ha señalado la edil responsable, es compatible con cualquier otra ayuda promovida desde otra administración pública.
Tal y como ha explicado la concejala de Servicios Sociales, la población destinataria de esta convocatoria son: pensionistas, personas en situación de desempleo, personas afectadas por ERTE o ERE en 2020, menores de 30 años que constituyan una unidad familiar independiente, familias monoparentales o monomarentales con menores a cargo, personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento y víctimas de violencia de género.
Entre los requisitos que deberán cumplir los solicitantes para optar a estas ayudas se encuentran estar empadronado en Toledo con anterioridad al 1 de enero de 2020; ser propietario, arrendatario, usufructuario, concesionario o titular de una vivienda, sin ser titular de una segunda, y que la renta mensual o anual de la persona solicitante no supere 1,2 veces el IPREM establecido para 2020.
Ingresos
Sobre este asunto, Ana Abellán ha recalcado que los ingresos que se tendrán en cuenta en esta convocatoria no serán los del año pasado, como suele ser habitual, irán del 1 enero al 30 de septiembre de 2020 ya que “la situación de crisis se ha generado este año”. En este sentido, ha señalado que “habrá familias que el año pasado tenían una situación económica estable o normalizada y que este año se han visto afectadas por un ERTE, un ERE o en una situación de desempleo que no tenían antes”.
La ayuda, que será de 400 euros, se podrá solicitar durante los 15 días naturales desde que haya sido publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Las solicitudes se podrán presentar en el registro del Ayuntamiento y también en el registro de cualquier otra administración pública. El plazo máximo para resolver esta convocatoria es de seis meses.
