El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Talavera, Santiago Serrano, ha denunciado “la estrategia orquestada por parte del Gobierno de España de retrasar constantemente la resolución de alegaciones al Estudio Informativo del AVE”.
El concejal popular entiende que esa “estrategia orquestada” es para no incluir partida alguna en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), “algo que el PSOE ya hizo en 2020 con el Estudio Informativo para con los presupuestos de este año, lo ha vuelto a hacer en 2021 para 2022, y la fía hasta el año 2023-2025”.
De ahí, “la necesidad de aunar esfuerzos entre los ‘populares’”, ha dicho Serrano, que este miércoles se ha desplazado hasta Navalmoral de la Mata, junto a su compañero de bancada en Talavera César Higueruela, para reunirse con su homólogo en el consistorio moralo Jaime Vega.
Ambos portavoces han urgido al PSOE a resolver las alegaciones que en el caso de ambas ciudades contemplan por unanimidad plenaria que el paso de la vía de la alta velocidad sea soterrada.
Serrano ha explicado que las reivindicaciones del PP talaverano y el moralo “son compartidas y compatibles ya que el hecho de que el muro vaya a coartar el desarrollo de Navalmoral es lo mismo que va a suceder con el muro de Talavera”.
Ley del Sector Ferroviario
El ‘Estudio Informativo del proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Madrid-Oropesa‘ fue aprobado el pasado 23 de noviembre de 2020.
Según la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, al día siguiente de publicarse dicha aprobación se abrió el periodo de un mes de información pública y de presentación de alegaciones.
El artículo 5.4 de referida ley recoge que si alguna administración afectada manifiesta su disconformidad, necesariamente motivada, “el Ministerio de Fomento abrirá un período de consultas con ella por un período no inferior a dos meses”.
Y también que “de mantenerse la discrepancia, el expediente será elevado al Consejo de Ministros que decidirá acerca de la ejecución del proyecto a que se refiere el estudio informativo y, en su caso, acordará la modificación o revisión del planeamiento afectado, que deberá acomodarse a las determinaciones del proyecto en el plazo de un año desde su aprobación”.
