viernes, 26 abril 2024
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Investigadas nueve personas relacionadas con la Operación Monopoly en Toledo

La Guardia Civil, como continuación de la Operación Monopoly, ha tomado manifestación como investigadas no detenidas a nueve personas por los delitos de estafa y falsedad documental, que se beneficiaron de la actividad ilícita de una inmobiliaria para obtener créditos hipotecarios sin que cumplieran los requisitos necesarios.

Los responsables de dicha inmobiliaria, cuatro hombres y una mujer, ya fueron detenidos y puestos a disposición judicial en septiembre de 2020, ha informado este viernes la Comandancia de Toledo en un comunicado.

El Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Torrijos inició la Operación Monopoly para determinar la responsabilidad de unos delitos de estafa denunciados por una entidad bancaria y poco después se realizaron varios registros domiciliarios y en la sede de una inmobiliaria ubicada en Santa Olalla (Toledo), donde se intervino una ingente cantidad de documentación física y digital.

Detenidos cuatro hombres y una mujer

En esta actuación se detuvo a cuatro hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 21 y los 64 años, por los delitos de organización criminal, falsedad documental y estafa, al falsificar estos delincuentes la documentación de sus clientes, modificando su declaración de la renta, nómina o vida laboral para que éstos obtuvieran un préstamo hipotecario y así adquirir distintas propiedades.

Las mismas fuentes han indicado que, gracias al arduo trabajo llevado a cabo durante meses por los agentes de este Equipo de Investigación, analizando el material documental intervenido, más de un millón de archivos digitales y ochenta mil documentos físicos, además de la documentación relativa a una veintena de propiedades adquiridas de forma ilícita, se ha podido identificar a algunas de las personas que se habrían beneficiado de la actividad ilícita de la inmobiliaria.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha tomado manifestación como investigadas no detenidas, a nueve personas, que siendo conocedoras de la actividad ilegal de la inmobiliaria, habían contratado sus servicios y conseguido préstamos hipotecarios de varias entidades financieras para adquirir propiedades, por lo que se les ha imputado los delitos estafa y falsificación documental.

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