Los recursos contra el cierre del caso Kitchen, algunos de los cuales piden la imputación de la ex secretaria general del PP y expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, siguen a la espera de respuesta cinco meses después debido a un “problema técnico” detectado en una aplicación informática.
Un fallo que podría suponer un “grave perjuicio” para la causa dado el retraso que se podría generar, y que “a día de hoy” aún está pendiente de solución, según deja constar el juzgado que ha investigado este caso en una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Efe.
La investigación sobre esta supuesta operación parapolicial denominada Kitchen, que perseguía vigilar el entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas para hacerse con documentos comprometedores para el partido, finalizó el pasado mes de julio.
El juez Manuel García Castellón concluyó que había indicios para juzgar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a la cúpula de su departamento, y dejó fuera a la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal y a su marido, que habían sido investigados por estos hechos.
Ni la decisión de finalizar la investigación ni la de exculpar a Cospedal gustó entre las acusaciones, incluida la Fiscalía Anticorrupción, que rápidamente recurrió la decisión del juez ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como también hicieron por otras razones las defensas.
El excomisario y Mariano Rajoy
Aparte de la imputación de Cospedal, alguna acusación pidió a la Sala esclarecer si el excomisario José Manuel Villarejo contactó con el expresidente Mariano Rajoy por mensaje para hablar de la operación, como así manifestó en el Congreso.
Pero, cinco meses después, esos recursos aún no han llegado al tribunal que debe estudiarlos y resolverlos, todo ello por ese “problema técnico” en la aplicación denominada Minerva, “que impide ejecutar informáticamente el trámite de incoación de los recursos de apelación”.
El letrado de la administración de justicia del juzgado se lo ha transmitido así a las partes y ha comunicado a los servicios informáticos de la Audiencia Nacional el “carácter urgente” de la solución del problema.
En paralelo a la investigación judicial sobre esta operación, presuntamente orquestada desde el Ministerio del Interior en 2013, la Comisión de Justicia del Congreso ha intentado delimitar durante meses las responsabilidades políticas de estos hechos.
La semana pasada, en un dictamen que deberá votar el pleno de la cámara baja, apuntó a la cúpula del PP al considerar que ordenó esta operación con el conocimiento de Cospedal, “que informaba” al expresidente Mariano Rajoy.
