El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno a la posibilidad de que los contratistas de obras con la Administración regional y las entidades locales puedan revisar al alza los contratos, hasta un máximo del 20 %, para absorber así la subida del coste de los materiales que está poniendo en riesgo la continuidad de las obras.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado, al término de la reunión del Consejo de Gobierno, que con esta decisión se posibilita aplicar en Castilla-La Mancha las medidas extraordinarias del Real Decreto Ley 3/ 2022 del 1 de marzo que ofrece la posibilidad de una revisión excepcional de los precios de determinados contratos públicos afectados por la subida del precio de los materiales, y que es obligatoria.
Ruiz Molina ha señalado que desde mediados de 2020 se viene registrando un incremento del precio de las materias primas que está repercutiendo en los costes de los materiales de construcción y poniendo en dificultades la ejecución de los contratos de obras.
Por eso, con este acuerdo de aplicación desde este martes se permite la revisión de los precios de los contratos públicos, estuviera pactado o no, ha indicado el consejero, quien ha añadido que se limita a los contratos de obras, por lo que quedan excluidos los de servicios y suministros, y deben ser contratos en ejecución a la entrada en vigor del Real Decreto.
Asimismo, solo afecta al incremento de los precios de determinados materiales que son los siderúrgicos, bituminosos, cobre y aluminio.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha considera estos requisitos insuficientes y va a solicitar al Ministerio de Hacienda ampliarlos en el plazo, en el tope del 20 %, en los materiales que se incluyen y que también puedan ampararse en esta medida los contratos de servicios y suministros.
Para la Junta de Castilla-La Mancha se calcula que aplicar esta medida puede suponer unos 40 millones de euros de sobrecoste.
El procedimiento
El procedimiento para tener acceso a una revisión de precios consiste en que el contratista realice la solicitud y, después, la cuantía se aplicará al final de la obra, en la liquidación, aunque se pueden pactar pagos a cuenta.
Por su parte, el contratista lo tiene que repercutir al subcontratista de manera proporcional.
El consejero ha señalado que se calcula que unos 50 contratos de la Administración regional se verán beneficiados de esta revisión al alza , sobre todo de las áreas que más obras realizan como la educación, la sanidad y el bienestar social, así como en menor medida, Fomento.
“En el Gobierno regional tenemos claro que la obra pública y el sector de la construcción son claves para contribuir a la generación de empleo, así como para mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan”, ha destacado el consejero, quien ha añadido que, con este acuerdo, se solventan parte de los problemas que se les está ocasionando a los adjudicatarios de obras públicas.
Ruiz Molina ha explicado que este aumento de los costes viene dado por el incremento de la demanda, en unos casos como consecuencia de la pandemia, así como por la lenta recuperación de la actividad productiva mundial, por el repunte de los precios del transporte marítimo y de mercancías, por el encarecimiento de la energía y por la guerra de Ucrania, que está arrastrando una subida de los precios del acero, el aluminio y la arcilla, lo que está repercutiendo en los costes de los materiales de construcción.
Además, el consejero ha reconocido que existe bastante incertidumbre sobre la evolución de esta situación en los próximos meses.
