La portavoz del equipo de Gobierno, María Rodríguez ha informado este jueves que el Ayuntamiento de Talavera ha designado letrado y procurador para recurrir en casación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre las diferencias salariales de los trabajadores de los planes de empleo en relación con los funcionarios de carrera. Se recurre así ante el TSJCM para su elevación si procede al Tribunal Supremo, tras desestimarse un recurso que se daba por hecho se ganaría.
En rueda de prensa, Rodríguez ha informado de que la Junta de Gobierno Local ha tomado conocimiento del refrendo a la sentencia emitida en su día y que sigue siendo favorable a los recurrentes.
Árnica a la Junta
Tanto la sentencia como el recurso que se presente se trasladarán a la Junta de Comunidades “para que el gobierno regional se haga corresponsable de la misma”, ha dicho la portavoz.
En este sentido ha desvelado que el Ayuntamiento remitió un escrito a la Junta de Comunidades el 7 de junio de 2018 antes de que el Ayuntamiento se acogiera al plan de empleo del año pasado para consultar sobre la valoración de la remuneración de los trabajadores del plan. “La Junta respondió que se estaban haciendo las valoraciones económicas en el sentido de las bases de la propia orden del gobierno regional, y por lo tanto actuamos como nos dijo la Junta que lo hiciéramos”.
Rodríguez ha apelado a la ayuda del Gobierno regional y se ha referido a las declaraciones del portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando que mostró su apoyo al Ayuntamiento de Talavera y que tildó de “despropósito” la sentencia. “Esperamos que ese apoyo no se quede en palabras y se corresponsabilicen de esta sentencia que es injusta para Talavera y los trabajadores son de los mejores pagados de toda la región”.
La portavoz ha apuntado también que los servicios municipales aún no han cuantificado el coste de la sentencia, pero que estaría bastante por debajo de los 10 millones de euros. Cabe recordar que desde un principio se trasladó a la opinión pública que esa cuantía rondaría los 15 millones de euros para compensar a los aproximadamente 2.000 trabajadores de los planes de empleo que han desempeñado durante su contratación tareas para las que no fueron contratados.
