La Consejería de Fomento asesorará a los vecinos de una urbanización del municipio toledano de Illescas que tienen que hacer frente a un posible desalojo, a raíz de la compra de las viviendas destinadas a alquileres sociales por parte de un fondo de inversión relacionado con los denominados ‘fondos buitre’.
Los vecinos afectados han abierto, según ha publicado ‘eldiario.es’, una campaña de recogida de firmas en la plataforma change.org, consultada por Efe, que en sólo dos días ya ha registrado 920 firmas de apoyo para intentar frenar el desalojo.
En concreto, los afectados han escrito varios mensajes en los que explican que ‘Global Pantelaria’ ha comprado pisos en el barrio del Señorío de Illescas, con alquileres sociales previstos hasta 2035 desde que el banco propietario de las mismas las ofreciera en este régimen hace 15 años, y ahora “intenta echar a 200 familias a la calle” no renovando el alquiler de las viviendas para poder venderlas.
Para ello, la nueva propietaria ha avisado del fin de los contratos y ha dado un mes a los vecinos para que abandonen los pisos, según han señalado en la plataforma, añadiendo que “todos los afectados son trabajadores mileuristas, con niños escolarizados en el municipio”.
Reuniones con las instituciones
Además de la campaña virtual, los vecinos también se reunieron la pasada semana con el director provincial de Fomento, Jorge Moreno; el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, y trabajadores de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria del Gobierno regional, para abordar esta problemática.
Fuentes de la Consejería de Fomento han informado a Efe de que se trata de un asunto todavía en fase muy inicial, en el que además los casos no son homogéneos sino que cada uno tiene su particularidad.
Por ello, la Consejería ha ofrecido asesorar a los afectados por el posible desalojo en las oficinas destinadas para ello, en el marco de la estrategia de que las Oficinas de Intermediación Hipotecaria se conviertan en una red de Oficinas de Vivienda que no se circunscriban sólo a actuar ante los desahucios, sino a todos los asuntos que tengan que ver con el ámbito de la vivienda.
Las mismas fuentes han apuntado que la Consejería ha requerido la documentación a los afectados, para analizar caso a caso y buscar soluciones conjuntas de la mano del asesoramiento y apoyo técnico.
